Esta información ha sido extraida del diario el economista:
Asimismo, explicó Caamaño, se ha insistido en la necesidad de transferir la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia a las comunidades autónomas, tal y como está previsto en los nuevos Estatutos de autonomía, con el objetivo de "poder reordenar con mayor facilidad los recursos humanos"
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