Es indudable que a los diferentes poderes ejecutivos (estatal o autonómico) sólo les importa cumplir el déficit, el servicio les importa un pimiento y si el servicio de guardia no se puede desarrollar en condiciones, les da igual.
Así no se puede combatir la delincuencia, y la de guante blanco aún menos.
El Ministerio de Justicia reduce la plantilla de los Juzgados de Instrucción en servicio de Guardia y deja de pagar algunas guardias en los Juzgados de Valladolid.
Una Instrucción de la Subdirección General de Recursos Económicos del Ministerio de Justicia recibida por la Gerencia Territorial de Valladolid el 22 de Noviembre del año pasado, ha interpretado de forma restrictiva la normativa de la plantilla en funciones de Guardia de los juzgados de instrucción de Valladolid devolviendo las certificaciones que habían efectuado los Secretarios Judiciales y restringiendo el pago de las mismas a todos los Juzgados.
La aplicación de esta medida, notificada a los juzgados por parte de la Gerencia en el mes de Diciembre y Enero, está suponiendo que se empiece a acumular un considerable retraso en los asuntos penales y en su registro, al impedir que se incorpore toda la plantilla a la Guardia, además del consiguiente malestar entre los funcionarios, alarma entre los Secretarios y Jueces y también entre los propios abogados, quienes consideran que los motivos presupuestarios no deben estar por encima de este servicio público tan delicado.
Esta interpretación restrictiva «por razones presupuestarias» y justificándolo de forma extraordinaria y unilateral por parte del Ministerio, ha llevado a abonar las Guardias en los 4 últimos meses sólo a un funcionario de Gestión, 2 de Tramitación y 1 de Auxilio (el Juez y Secretario siguen igual).
