Creíamos haberlo visto todo, pero no.
Ahora y con una absoluta desvergüenza por parte de nuestros gobernantes se nos anuncia que a pesar de no cobrar la paga extra deberemos cotizar a Clases Pasivas y suponemos que a MUGEJU por lo que nuestras retribuciones de diciembre aún serán más bajas de lo esperado.
Solo falta que saquen la pistola y nos atraquen, eso sí con total impunidad, con la impunidad de una mayoría absoluta en el Congreso y un desprecio hacia los trabajadores.
Los funcionarios cotizarán por la paga de Navidad que no cobrarán
Hacienda justifica la medida para asegurar el cobro íntegro de las pensiones en el futuro
Los funcionarios cotizarán por la paga extra de Navidad como si la hubieran cobrado, con el correspondiente descuento en su nómina, según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda, lo que en la práctica supondrá un recorte en la paga del mes de diciembre. La razón es que en el decreto antidéficit del 13 de julio, en el que se suprimió la paga extra de diciembre de los funcionarios, no se introdujo ninguna modificación respecto a lo que dispone la Ley de Clases Pasivas del Estado en su artículo 23, que obliga a estos trabajadores a cotizar por las catorce pagas. Los trabajadores del sector privado, sin embargo, dividen la misma cotización entre doce pagas.
Así, del total de cotización, el 3,86% corresponde a los empleados públicos, mientras el resto corre por cuenta de la administración pública correspondiente. De este modo, en diciembre los funcionarios que coticen por clases pasivas abonarán este porcentaje mientras que el Estado o la administración correspondiente se hará cargo del porcentaje. De este modo se mantendrá lo presupuestado en las cuentas anuales del Estado para 2012, aprobadas el 29 de junio, dos semanas antes del decreto, en cuyos cálculos se incluye el descuento en la nómina correspondiente a la paga extra de Navidad.
Los afectados por esta doble imposición son los funcionarios que cotizan en el régimen de clases pasivas, esto es, la práctica totalidad de los empleados de la Administración General del Estado, del Ejército, de la Justicia o de la Agencia Tributaria, que suponen alrededor de 900.000 personas, según cálculos de sindicatos de funcionarios.
