Publicada en el BOE la Orden JUS/375/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo.

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El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Algunas de las medias que se anuncian en titulares son:

• Se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los trámites con la Administración de Justicia
• Se mejorará la regulación del juicio verbal
• En los procesos monitorios, el juez podrá verificar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos
• Se acorta el plazo de prescripción de las acciones personales

Curiosamente queda fuera de los titulares el nuevo regalo a un colectivo que empieza a demostrarse innecesario en nuestra Administración como son los Procuradores. En el proyecto se incluye que los actos de comunicación los pueda realizar, ahora sin dos testigos, otorgándoles capacidad de certificación.

Nos parece gravísima esta modificación ya que no se va a garantizar la imparcialidad que un funcionario público debe ostentar, al margen de establecer un proceso de funcionarización de un colectivo de personas que no han superado proceso selectivo a tal efecto.

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que racionalizará el reparto de asuntos entre Juzgados para agilizar la Justicia.

Según recoge la reseña del Consejo de Ministros, las reformas se centran en:

• Se podrán especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. Se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados.
• Se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien
• El juez de Violencia sobre la Mujer mejorará la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena
• Los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia
• Los Institutos de Medicina Legal se convertirán en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral

Habrá que analizar el auténtico calado de las medidas que se pretenden aprobar y ver si se recogen las medidas acordadas con tres de los cuatro sindicatos presentes en la mesa de negociación del Estado.

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Publicado en el BOE el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

En este Real decreto se incluye la modificación de la Ley de Tasas para declarar la exención de las personas físicas.

También se incluye una modificación del EBEP para regular el ámbito de negociación y establecer nuevamente la mesa del personal al servicio de la Administración de Justicia que había quedado en el limbo jurídico.

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Se ha publicado el Real Decreto 63/2015, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxicología, el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Una vez más tenemos que asistir a un trato de favor que este gobierno aplica a determinados favorecidos de la Administración. Ahora han reformado el Reglamento de provisión para que aquellos que son nombrados para determinados altos cargos de libre designación (a dedo) y que cuando son cesados pasarán a tener preferencia absoluta en el primer concurso de traslado de puestos genéricos.

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Un juzgado de Bilbao obliga a pagar a una funcionaria la extra de 2012 suprimida casi íntegra

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Bilbao ha estimado el recurso de una funcionaria de Justicia del Gobierno Vasco solicitando que se devuelva casi íntegra la paga extra de diciembre de 2012 suprimida, a excepción de los días 30 y 31 de ese mes.

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Conviene señalar que estos dos días que no se habrían reconocido a esta compañera, imaginamos que se produce a consecuencia del cómputo del período en que se genera la paga extra. En la gran mayoría de territorios es diferente, computándose desde el 1 de junio al 30 de noviembre, diferente al que debe computarse en el País Vasco que debe ser del 1 de julio al 31 de diciembre.

El Ministro Catalá sigue adelante con las ordenes de los Registradores de la propiedad Srs. Rajoy Brey para privatizar el Registro Civil.

Hoy ha publicado en el BOE la Orden JUS/147/2015, de 5 de febrero, por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de registro civil.

¿Algún día sabremos y descubriremos todos los intereses que se esconden detrás de esta decisión? ¿Acabaremos algún día con estos mal llamados funcionarios que cobran por arancel y explotan a sus trabajadores?

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La información publicada en la web del Poder Judicial nos explica que "El Juzgado Central de lo Contencioso número 4 ha condenado al Ministerio de Justicia a abonar 6.600 euros a un juez por las 33 guardias que efectuó de 2011 a 2103, sin disfrutar de un día de permiso".

En Justicia y Progreso tenemos muy claro que todos, decimos todos, debemos tener derecho a ese descanso, pero también creemos necesario que de una vez por todas se garantice el descanso entre jornadas de guardia, la libranza semanal, etc.

Lo más curioso del tema es que en esa misma información se indica que "esta sentencia afectará a todos los jueces de Instrucción que no disfrutaron del día saliente de guardia antes del 15 de octubre de 2013, fecha en que se modificó el reglamento para reconocer el derecho de los jueces a disfrutar de un día de permiso tras la guardia". No sabemos si lo que quieren decir al hacer esa afirmación es que los Jueces pueden hacer esa reclamación y ya está, o que ya han "negociado" el abono por parte del Ministerio de esa indemnización a todos los Jueces afectados.

Es cuanto menos que curiosa esta forma de actuar que nos deja un tanto perplejos. Así estamos viendo como mientras unos "se defienden sus derechos de forma homogénea" a otros nos dictan sentencias sobre idénticos hechos con resultados contradictorios, dependiendo de la Comunidad Autónoma donde estamos destinados a pesar de ser cuerpos nacionales.

A continuación os incluimos la sentencia dictada al respecto.

2015-01-29 SENTENCIA JDO CENTRAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Publicado en el BOE el Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 9 de Palma de Mallorca, de nueva creación y entrada en funcionamiento el día 1 de enero de 2015, con carácter exclusivo, junto con el Juzgado de lo Penal n.º 8, el conocimiento de la ejecución de las resoluciones dictadas por el resto de los Juzgados de lo Penal de Palma de Mallorca.

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Se ha publicado el pasado día 30 de diciembre de 2014 el DECRETO 180/2014, de 30 de diciembre, sobre el certificado de conocimientos de lenguaje jurídico (nivel J).

Este decreto pretende regular el valor que se le da en concurso y otras formas de provisión de puestos de trabajo al nivel J de catalán.

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