Interesante artículo de opinión sobre la situación de nuestra administración.
Negro futuro.
Los recortes también llegaron a la justicia desde el inicio de la crisis, y esa imaginaria tijera, que sojuzga a un pueblo entero que paga por los pecados de la irresponsabilidad de sus dirigentes, sigue acechando a un servicio público que hace tiempo que dejó de estar presidido por la coherencia y la racionalidad. Ni se crean juzgados nuevos ni se implementa la reforma de la ansiada oficina judicial; ni se moderniza el sector con las tan esperadas nuevas tecnologías, más allá de las notificaciones vía LexNet, primer paso de lo que ha de venir y no llega; ni siquiera hay un plan serio para crear plazas de fiscales y jueces, con el déficit tan serio que España arrastra en este indicador, uno de los que más claramente muestra la salud democrática de un país exhausto, en el que el ajuste se está cargando sobre las maltrechas espaldas de las clases medias.
¿Cuál es la hoja de ruta para el año judicial que ahora comienza? La actividad legislativa del Gobierno en materia de Justicia, más allá del aborto y de Bolinaga, pasa por dar forma definitiva a la Ley de Demarcación y Planta, que reducirá drásticamente el número de partidos judiciales en aras de la racionalidad económica; y en abrir el melón competencial que han lanzado algunos líderes de los partidos mayoritarios sobre si tiene sentido que las autonomías asuman competencias en justicia que luego no pueden sufragar. Y, pese a que no se hará, tal vez sea hora de replantearse seriamente el papel de nuestro Consejo General del Poder Judicial, de la composición de sus órganos internos y de cómo se ha de elegir a los vocales, transitando el camino de la independencia de uno de los poderes del Estado sin perseverar en la sumisión actual a los partidos políticos que nos han llevado a la ruina colectiva.
Eso, a nivel nacional, porque en Málaga hay varias incógnitas que se despejarán en los próximos meses: la sentencia del caso Malaya estará lista para abril o mayo de 2013; y Pantoja se sienta, junto a Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en el banquillo de los acusados a partir del 1 de octubre; además, habrán de llegar a la Audiencia los casos Arcos y Astapa –cada uno con varios años de instrucción a las espaldas– y posiblemente otro Consistorio de la provincia reciba el latigazo policial por corrupción.
Está por ver, además, cómo sigue funcionando la notificación digital, y si el número de ejecutorias de los órganos penales, unas 20.000, baja en los próximos meses bajo amenaza de que se repita el caso Mari Luz con otra cara y otros nombres. Bienvenidos y feliz semana.
Artículo de opinión de José Antonio Sau en Juzgado de Guardia
