Por fin el Gobierno incompetente del PP se ha dignado a publicar el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

Esta normativa entra en vigor mañana, con casi un mes de retraso ya que debería haber estado vigente desde el pasado 15 de octubre.

Este retraso ha provocado un colapso en la tramitación de dichos expedientes y situaciones de tensión en muchos de los Registros Civiles de toda España, algo que nadie hubiera tenido que sufrir de haber tenido un gobierno que sabe gestionar los recursos públicos.

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Publicado en el BOE el Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.

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La MUGEJU ha publicado una nota informativa por la que se indica la no será necesaria la actualización de libro de familia cuando se acompañe de la certificación digital de nacimiento.

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También se ha publicado en el BOE la Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se revoca parcialmente la delegación de competencias acordada por Resolución de 1 de marzo de 2011.

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Publicada la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Publicado en el BOE el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

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Publicado en el BOE el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

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Publicada en el BOE la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

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En el BOE de hoy se ha publicado la Instrucción de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios.

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Esta instrucción, que entrará en vigor mañana mismo, y que según el propio Ministerio vende en su página web como algo que estará implantado yo, no deja de generar muchas dudas sobre su verdadera efectividad.

Una muestra de esta chapucera forma de actuar se dejó clara en la nota de prensa publicada tras la Conferencia Sectorial (reunión del Ministerio con las CCAA con competencias) al manifestar que el objetivo era que "al menos un centro sanitario de cada territorio se incorpore al nuevo modelo el 15 de octubre".

Estamos en precampaña electoral en la que todo vale, si Rajoy se dedica a poner piedras y hacer inauguraciones, el Ministro intenta ponerse la medalla de algo que ni tan siquiera está implantado, lo que sin ninguna duda producirá muchos problemas tanto a la ciudadanía que espera poder hacerlo, como a los empleados públicos que deban informar que aún no es posible su realización.

Un país de políticos chapuceros a los que solo les mueve el interés electoral.

Publicada en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Al margen de las reformas procedimentales incluidas en la misma, conviene reseñar el contenido de la Disposición final cuarta en la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en la que se introduce un nuevo apartado 3 al articulo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que queda redactado del siguiente modo: «3. Podrán, no obstante, comparecer por si mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.», es decir que ahora volvemos a poder recurrir ante los Juzgados de lo Contencioso sin necesidad de abogados.

Ahora, los otros sindicatos, deberán explicar las prisas que tenían en presentar extensiones de efectos para reclamar la paga extra de 2012, obligando a muchos compañeros a afiliarse, o bien pagar para ser representados en estas peticiones.

Si hubiéramos esperado, como siempre dijimos en JyP, ahora que nos podemos volver a representar en los Juzgados no tendríamos que asumir ningún pago adicional para recuperar lo que nos robaron.

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También se ha publicado la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

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Publicadas en el BOE dos Leyes de mucha importancia para nosotros ya que regula las relaciones que tenemos con las Administraciones y la organización de estas.

La primera es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La segunda es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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