Publicada en la web del Gobierno de Canarias resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por la que se acuerda revocar la autorización para la prestación del trabajo en la modalidad de teletrabajo del personal al servicio de la administración de justicia en la comunidad autónoma de Canarias, así como el restablecimiento de la modalidad de prestación del servicio en la modalidad presencial que no la vinieran aplicando, en todos lo centros de trabajo dependientes de esta dirección general.
¿La excusa? Pues, como puede leerse en la resolución, la inexistencia de una disposición de carácter general que resulte de aplicación para el desarrollo de la jornada laboral en la modalidad de teletrabajo en el ámbito de la Administración de Justicia; algo que no ha sido un problema en mucho tiempo, y que sigue sin serlo en otros ámbitos territoriales que sí han mantenido esta modalidad.
Cuando todo parece que no puede ir a peor, lo hace. Es la sensación que nos dejan decisiones como esta y como prácticamente todas las que se están adoptando en los últimos tiempos por parte del Ministerio y de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas. Incomprensiblemente, parecen, todos ellos, empecinados en vapulear a los funcionarios de Justicia y en dinamitar cualquiera de sus derechos laborales.
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