La Junta de Personal de Zamora (siendo 5 de los 9 miembros de nuestro sindicato) ha rechazado la propuesta de reducción de partidos judiciales propuesta por el Consejo General del Poder Judicial para la provincia.
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A continuación os incluimos la noticia incluida en la prensa:
La medida supone «una obligada movilidad geográfica» para los funcionarios de Justicia
La Junta de Personal de la Administración de Justicia de Zamora asegura que la reforma de la planta judicial «encubre un nuevo ajuste económico en la Administración de Justicia». En un comunicado, el órgano de representación profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia asegura que la supresión de partidos judiciales supone «la reordenación de efectivos y una obligada movilidad geográfica de los mismos en servicios centralizados que nada tienen que ver con una mejor atención o servicio público y agilidad en los procedimientos judiciales».
La supresión de partidos judiciales, según la Junta de Personal de la Administración de Justicia, «elimina una justicia de proximidad con el ciudadano y obliga al mismo a unos desplazamientos innecesarios o la utilización de medios telemáticos, muchas veces fuera de su alcance, lo que incrementa un mayor coste económico».
Los funcionarios de justicia consideran que el diseño actual de partidos judiciales en cabeceras comarcales contribuye notablemente a la vertebración del territorio al asignar a estos núcleos de menor entidad determinados servicios administrativos del Estado. Por ello, la Junta de Personal de la Administración de Justicia considera que las modificaciones pretendidas «no deben obedecer en exclusividad a ratios de población y distancia con la capital, sino que deberán tenerse en cuenta otros criterios geopolíticos, económicos y sociales que racionalicen el nuevo mapa judicial». Además, los funcionarios alertan de la precariedad de medios de la administración de justicia en la provincia, «con sedes judiciales obsoletas, carentes del mínimo espacio necesario para absorber las nuevas unidades removidas de su actual sede y su necesaria adecuación futura a los pretendidos tribunales de instancia, lo que presupone una elevada inversión».
