¿Qué sería de una Ley si no llevara una corrección de errores?

Hoy se ha publicado una corrección de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, esa Ley que el Ministro dice que no supone privatizar la Justicia, pero que todo el mundo lo tenemos claro.

Que le llame como quiera, es claramente un regalo a una cierta "casta de funcionarios públicos" como son Notarios y Registradores (cuerpo al que pertenecen el Sr. Rajoy y sus hermanos).

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Publicada en el BOE la Orden JUS/1649/2015, de 31 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2015, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz gestionados por el Ministerio de Justicia.

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Publicada en el BOE la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

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Publicada la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

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En el BOE de hoy se publica la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

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Publicada en el BOE la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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Esta reforma, al margen de no recoger aquello que algunos preacordaron con el ex-Ministro Gallarón y que decía haber asumido el Ministro Catalá (los pactos o prepactos se los saltan y aquí no pasa nada), establece entre otras:

• Cambio del nombre de Secretarios por el de Letrados de la Administración de Justicia, concediéndoles nuevas competencias como la mediación y la tramitación y, en su caso, la resolución de procedimientos monitorios.
• Se podrá decidir alterar los repartos de asuntos para evitar sobrecargas de órganos judiciales.
• Se establece la posibilidad de que los Juzgados exclusivoS de Violencia sobre la Mujer extiendan su jurisdicción a más de un partido judicial y se amplían las competencias de los mismos.
• Se establece como habitual la sustitución entre Secretarios, dejando como residual la figura del Secretario en provisión temporal (como los Jueces y Fiscales sustitutos que han sido "declarados a extinguir").
• Se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces.
• Se incrementan de 5 a 7 los miembros de la comisión permanente del CGPJ.
• Se incluyen modificaciones en la LEC sobre la publicidad de señalamientos y la información del estado de los procedimientos judiciales.

No queremos acabar sin denunciar la vergonzante situación a la que nos vemos sometidos los funcionarios de Justicia (salvo Jueces y, ahora también, Letrados de la Administración de Justicia) en la que cuando se nos sanciona por falta grave, se nos aplica una doble pena ya que, al no existir la posibilidad de sancionar con multa, conjuntamente a la suspensión de empleo y sueldo, se nos hace perder puestos en el escalafón. ¿Dónde están nuestros Sindicatos representativos? Seguramente tratando asuntos más importantes, para ellos.

El Gobierno ha puesto el acelerador a todas las reformas procesales que parecían llevar camino de quedarse sin modificar por encontrarnos al final de la legislatura, llegando a habilitar un período extraordinario de sesiones a tal fin.

A continuación os incluimos la publicación del Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) en el que se anunciaba que el pasado viernes 17 de julio finalizó el plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto contra el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

ACCEDE AL PROYECTO DE LECrim remitido por el Congreso.

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto Ley 20/2012.

En la sentencia dictada se reconoce el derecho del Gobierno del Estado a dictar dicha medida restrictiva de nuestros derechos, pero la información que el propio TC difunde en su nota de prensa da lugar a una interpretación equivocada del alcance de la misma ya que la misma aborda únicamente la distribución competencial para establecer dichos permisos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Pero en ningún caso el Tribunal Constitucional entra a valorar si deberíamos tener derecho o no a los permisos que ya habíamos perfeccionado a la fecha de entrada en vigor de la norma que los elimina, algo que algunos Juzgados ya han reconocido para funcionarios o estatutarios de otras Administraciones, generando una nueva situación de desigualdad entre empleados públicos.

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Publicada la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

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Con esta nueva Ley se pone en marcha un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y a la tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones.

Además se incluye el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia con inclusión de una tasa de 100€ (¿pero no iban a ser gratis todos los trámites del Registro Civil, Sr. Ministro?)

Por último conviene reseñar que la norma establece que la Ley 20/2011 (la que aprobó ZP para desjudicializar los Registros Civiles) entrará en vigor de forma generalizada el 30 de junio de 2017.

Esta disposición, ya anunciada por el Ministerio, nos concede un plazo de dos años para presionar a los partidos políticos a fin de que el Registro Civil quede en la órbita de Justicia, gestionado por Secretarios o Gestores.

A tal fin, y como no se puede perder tiempo, ya hemos mantenido una primera reunión con el actual portavoz adjunto en la Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en la que nos ha informado que coinciden con nuestro planteamiento y así lo van a defender. Esperemos que no sea una promesa de campaña electoral.

Publicada en el BOE de hoy la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

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