El pasado viernes, el Ministro de Justicia anunció que revisará la reforma de la gestión del Registro Civil para alcanzar mayor grado de consenso con los profesionales del sector (accede a la nota de prensa) lo que supondría la paralización de la privatización acordada por el Gobierno del PP.

Esta afirmación supone un freno a la prevista e inmediata privatización, pero no su anulación.

Para Justicia y Progreso es necesaria, no ya palabras o notas de prensa, sino la Derogación de las disposiciones adicionales decimonovena, vigésima, vigésimoprimera, vigésimosegunda y vigésimotercera del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Pero no solo eso, también debe modificarse la Ley 20/2011 para que el Registro Civil vuelva al ámbito de la Justicia y sea llevado por los mismos que hemos demostrado que se puede gestionar con profesionalidad, retirando la gestión a los Jueces y encomendándola a Secretarios y/o Gestores Procesales.

Acabaremos reiterando nuestra propuesta por la que los Registradores y Notarios pasarían a ser funcionarios públicos de pleno derecho y dejarían de cobrar aranceles, pasando a percibir un sueldo público y dejando de tener ese negocio tan lucrativo.

Hemos ganado una batalla, pero no la guerra, debemos seguir atentos, no aflojar en estos momentos y seguir con la presión que hemos venido realizando en las últimas fechas.