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14-07-2026 04:57

Tras la visita efectuada el pasado 9 de julio al partido judicial de Tortosa donde pudimos constatar la situación preocupante que están viviendo por la falta de cobertura de personal, al margen de haber llevado a cabo actuaciones para solventar dicha situación, hemos elaborado el escrito que se adjunta, que se hace extensible al resto de partidos judiciales de Cataluña, donde denunciamos una...

El Boletín Oficial del Estado publica hoy, 9 de julio de 2026 , el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial (BOE-A-2026-14878), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio junto con el Real Decreto 560/2026, que amplía en 200 plazas la plantilla del Ministerio...

Desde JUSTICIA Y PROGRESO manifestamos una vez más nuestro apoyo a las distintas acciones emprendidas por la plataforma SOS REGISTRO CIVIL (a las que hemos acudido en diversas ocasiones) a lo largo de todo este tiempo, acciones que desembocarán en la manifestación del mañana día 14.

Desde este sindicato hemos observado con profundo desconcierto y preocupación todo lo concerniente a la situación de los registros civiles, encontrándonos actualmente en una situación de absoluta provisionalidad, y que salvo una nueva vacatio legis in extremis (único escenario a nuestro entender viable) se desembocará en un escenario dantesco: la entrada en vigor de la ya triste y famosa Ley 20/2011 el próximo 1 de julio.

Esto supondría simple y llanamente la desaparición de la actual estructura territorial de las oficinas registrales, es decir, la supresión de más de 8000 oficinas de registro civil, con las consecuencias ya sabidas para trabajadores y el ciudadano de a pie.

Es por ello por lo que reiteramos nuestro apoyo a las justas y necesarias reivindicaciones de la indicada plataforma SOS REGISTRO CIVIL, reivindicaciones que en definitiva son las defendidas por todos los sectores que emprendieron esta lucha hace ya tantos años; esto es, un Registro Civil público gratuito, en el ámbito de la Administración de Justicia, y dotado de los medios humanos y materiales necesarios para poder prestar un servicio de calidad.

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