• Elimina la obligación de constituir Tribunales Delegados en las oposiciones, cediendo esta competencia a los órganos administrativos de las CCAA. Veremos cual es su efecto.
• Traspasa la competencia para decretar nuestra jubilación a las CCAA.
  

Sobre esta última medida, si lo que se pretende transferir es la burocracia, en principio no tendría que haber ningún problema ya que deberían cumplir las normas que a nivel estatal se han dictado, ahora bien si lo que se transfiere también es la posibilidad de conceder o no la prórroga de la edad de jubilación, creemos que sería una medida de dudosa legalidad y que podría perjudicar mucho nuestros intereses y entonces tendría el rechazo de Justicia y Progreso ya que entendemos que esta decisión corresponde en exclusiva al Estado dada nuestra condición de cuerpos nacionales.