El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucional presentada por la Audiencia Nacional sobre la supresión de la paga extra al personal laboral decidida por el Gobierno. Ahora será este tribunal el que decida sobre la legalidad de la medida, que no afecta a los funcionarios sino a los empleados públicos que forman parte del personal laboral. La supresión de la paga fue recurrida por el carácter retroactiva de la misma.

A través de una providencia hecha pública hoy, el alto tribunal ha concedido 15 días al Congreso de los Diputados y al Senado y al Fiscal General del Estado para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Alrededor de 872.000 empleados conforman el personal laboral de las administraciones públicas —los trabajadores no funcionarios— pueden verse beneficiados por la interpretación que dé el Constitucional.

Obviamente no nos afecta directamente, pero sí que será un precedente para aquellos que somos funcionarios.