El pasado día 21 se llevaron a cabo movilizaciones contra la privatización del Registro Civil que ha salido recogida en diferentes medios de comunicación.

En esas mismas fechas desde el Ministerio se ha traslado el último borrador de reforma del Registro Civil ( ACCEDE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PROYECTO DE LEY ) en el que se sigue viendo la "privatización" del Registro Civil mediante su regalo a los Registradores de la Propiedad. Tendrían la intención de llevarlo a cabo el próximo año, por lo que pensamos que aún podemos pararlo.

Por si aún no tenéis claros "los intereses espurios" que pueden existir os invitamos a leer el artículo publicado en el Pais ( ACCEDE A LA NOTICIA )

Protesta para denunciar la “privatización” de los Registros Civiles

La Junta de Personal (con mayoría de JyP) ha emitido un comunicado para criticar lo que consideran nuevo ataque a los servicios públicos con la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja el Ministerio de Justicia, todavía en proceso de debate.

Según los sindicatos, aunque el Gobierno asegura que la reforma que plantea de los registros civiles no es una privatización, el proyecto contempla, entre otros puntos que los encargados de los registros sean los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Se les otorgan funciones de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de los registros. Serán designados por el Ministerio de Justicia y nombrados por la Comunidad Autónoma. Asimismo, se reduce el número de registros civiles a uno por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla y se atribuye a los notarios la competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil. Por tanto, el matrimonio civil, competencia deja también de ser gratuito. Con la reforma del Registro Civil que tiene prevista el Gobierno de Rajoy, los cónyuges deberán pagar una cantidad que, según las primeras informaciones, no superará los 100 euros. Otros actos de inscripción obligatoria, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo gratuitos, al menos de momento.

Esta desjudicialización de los registros significa "pérdida de puestos de trabajo, pérdida de acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia y un empeoramiento del servicio, por su encarecimiento Desde luego nadie se cree que un registrador vaya a coger un trabajo como este y lo vaya a hacer gratuitamente". De igual modo, los notarios asumirán también las bodas civiles y los divorcios de mutuo acuerdo, que vendrán a costar unos 90 euros, cuando en muchos ayuntamientos los enlaces son gratuitos, critican los sindicatos.

Así pues la competencia para las inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran gratuitas, porque eran prestadas por funcionarios públicos sin ánimo de lucro (Jueces, Secretarios y Funcionarios Judiciales), se pretende entregar por el Ministerio de Justicia a los registradores de la propiedad y mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios.