Si alguien se pregunta el volumen de asuntos que se pueden llegar a producir al implantarse la mediación, la Junta de Andalucía lo ha establecido en un 30% en la jurisdicción civil y mercantil.

Si a ello le sumamos la reducción de asuntos que en el orden contencioso administrativo se producirá al obligar a los funcionarios públicos a estar asistidos de letrados (además de la condena en costas si se pierde el procedimiento y el abono de tasas en apelaciones).

Si además pensamos en lo que supondrá la eliminación del Registro Civil,

No es difícil concluir que la amortización salvaje de plantillas está servida.