El Sr. Beteta (le llamamos señor para no ponernos a su altura) dice que "debemos tener los mismos derechos laborares que los trabajadores de la empresa privada", es decir ninguno y explotados (y el que se queja a la calle), ahora ya solo les queda establecer el despido libre entre los funcionarios porque no tenemos dudas de que intentarán en breve quitarnos las 37.5 horas y hacernos trabajar 40.

Como no puede estar callado, además ha "insinuado" que en el 2013 cobraríamos la paga extra.

Desde Justicia y Progreso nos preguntamos: ¿Es una afirmación electoralista? ¿Esta información durará hasta el día 22 de octubre después de las elecciones gallegas y vascas? No olvidamos que los PGE (que incluían el derecho a cobrar las dos pagas extras) fueron aprobados para tan solo 13 días después aprobar el Decretazo que eliminó nuestra paga extra. ¿Debemos aún así fiarnos de este Gobierno mentiroso?.

Quizás su pretensión es que encima le demos las gracias por cobrar un dinero que es nuestro y que nos ganamos día a día, algo que dudamos de él.

Ante la amenaza de reducir los liberados sindicales, en Justicia y Progreso no tenemos ningún miedo.

No nos cabe ninguna duda que lo que está haciendo es intentar eliminar la única oposición real que tiene el Gobierno actual (ante la falta de articular una respuesta contundente de los partidos de la oposición) pero no debe quedarle dudas que en Justicia y Progreso, sea con liberación o desde nuestro puesto de trabajo, no dejaremos de luchar, cuestionar y combatir los retrocesos que estamos sufriendo.

Beteta, en declaraciones a Telemadrid, ha señalado que será en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 donde se concrete esta cuestión, pero ha precisado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya apuntó que se trataba de una medida temporal. "Cuando el presidente del Gobierno dijo que era por un año, sabía muy bien lo que decía. Creo que ya he dicho bastante", ha afirmado Beteta.

El único privilegio de los funcionarios: servir al ciudadano

Preguntado por la próxima incorporación a la Administración de varios miles de liberados sindicales, Beteta ha explicado que la legislación de la Función Pública había ampliado los derechos sindicales por encima de lo que dicta el Estatuto de los Trabajadores para los empleados del sector privado y que la intención del Gobierno es homologar las condiciones de trabajadores públicos y privados.

"La política que hemos impulsado desde el Gobierno es una homologación de condiciones entre lo público y lo privado, de manera que nadie pueda entender que un funcionario público es un privilegiado. Es un trabajador que sí tiene un privilegio, servir a todos y cada uno de los ciudadanos. Ése es su único privilegio", ha subrayado el secretario de Estado.

En esta línea, Beteta ha indicado que con la norma que obliga a la incorporación de liberados sindicales a la Administración, el Gobierno se ha propuesto que la representación sindical tenga "exactamente la misma potencia" de lo que reconoce el Estatuto de los Trabajadores a cualquier trabajador en una empresa privada.

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