Algunos opinaban que el referéndum convocado sobre las transferencias entre el personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña era una medida absurda.
Estamos viendo que nada más lejos de la realidad, hemos conseguido que se empiecen a posicionar los diferentes estamentos. Como es lógico la mayoría de CCAA abogan por mantenerlas, sino por incrementarlas, no van a renunciar al "control político de los Tribunales de su territorio, pero estamos viendo como se están haciendo eco posicionamientos contrarios a las mismas. Nos felicitamos por ello.
A continuación os incluimos varias noticias:
- La posición del Fiscal General.
- La respuesta y posición de la Consejera de Justicia de Cataluña que incluso llegó a comentar el referéndum en el Parlament de Cataluña.
- La posición de los Jueces Conservadores de la APM
- La posición de la Consejería de Andalucía.
Torres Dulce ve un "error" traspasar las competencias de Justicia a las CCAA
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha considerado un "error" haber traspasado las competencias en Justicia a las comunidades autónomas, por lo que se ha mostrado partidario de, "si es posible", devolverlas al Estado.
"Si somos un Estado federal, somos un Estado federal, pero tener los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas como sucede actualmente en el desarrollo del Estado de las Autonomías, es realmente insuficiente", ha afirmado Torres-Dulce en el seminario 'Justicia y Economía' organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid).
A su juicio, fue un "error" haber traspasado competencias de orden material y personal a las autonomías. "Lo diría con la boca chica, pero algunas comunidades serían partidarias", ha planteado sobre la devolución de algunas funciones al Estado. "Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar", ha advertido.
El fiscal general ha defendido durante su intervención que "cualquier cambio normativo implica costes económicos", al tiempo que ha abordado la situación y las necesidades del Ministerio fiscal.
En este contexto, ha denunciado la reducción de 400.000 euros que ha sufrido este órgano en materia de formación. "Una cosa son los recortes y otra el hachazo presupuestario", ha añadido. Según ha dicho, la rebaja presupuestaria afecta a formación inicial y continuada, idiomas o becas para el acceso a la Carrera Fiscal.
En todo caso, Torres-Dulce ha hecho hincapié en la necesidad de disponer de un "presupuesto singularizado" que permita a la Fiscalía saber de cuanto dinero dispone para cada partida. De lo contrario, ha añadido, difícilmente se podrá hablar de independencia y autonomía en el Ministerio Público.
En cuanto a los recursos materiales y personales, ha señalado que algunas fiscalías están "al borde de la sublevación en términos de trabajo", puesto que algunas carecen de personal auxiliar suficiente. "Hay infraestructuras bien dotadas y otras en una situación lamentable", ha agregado.
Cuando pase "el tsunami de la crisis económica", Torres-Dulce ha asegurado que se tendrá que revisar "antes o después" los baremos de productividad porque el personal que accede a la carrera tiene "conciertos bajísimos" relativos a incompatibilidades, responsabilidad o dedicación.
"Si queremos jueces o fiscales excelentes, hay que pagarlos", ha añadido. A su juicio, es también oportuno dotar de técnicos, estadistas, informáticos y documentalistas a la Administración de Justicia.
A su entender, las tasas judiciales son necesarias para evitar que todos los costes se paguen a costa de tributos o impuestos. Así, ha criticado el discurso "demagógico" basado en "la Justicia para todos" por ser propio de "una injusticia antidemocrática". "Quien impulse la Justicia y pueda pagarla, que la pague", ha dicho.
UNIDADES EXCLUSIVAS Y ADSCRITAS A LA FISCALÍA
En relación con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ha advertido de que "entrará en guerra" si ese texto no va acompañada de una memoria económica y si no se adscriben unidades de peritos y agentes de la policía judicial "directas y exclusivas" al Ministerio Fiscal", lo cual tendrá "costes de plantilla".
En otro orden de cosas, ha apostado por reducir a "dos o tres" el catálogo de delitos que juzga el jurado popular, al tiempo que ha reprobado el tiempo y la motivación que se atribuye a estas institución.
Por último, Torres Dulce ha pedido que a los delitos flagrantes sean juzgados en un plazo de "24 ó 48 horas" para que no se dilaten en el tiempo, mientras que las faltas sean expulsadas del sistema jurisdiccional.
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Bozal reivindica las "competencias plenas" de Justicia en respuesta a Torres-Dulce
La consellera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, ha reivindicado este lunes las "competencias plenas" de Catalunya en materia de personal en Justicia, en respuesta a las declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en las que consideraba un error el traspaso competencial a las autonomías.
Lo ha dicho en el seminario 'Justicia y Economía' organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid), el mismo donde Torres-Dulce ha pedido que "si es posible" las comunidades devuelvan las competencias al Estado en este ámbito.
En respuesta a ello, Bozal ha exigido la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para hacer efectivos los traspasos pendientes que prevé el Estatuto en materia normativa, ejecutiva y de gestión del personal de la Administración de Justicia, según un comunicado de la Conselleria.
De hecho, ha manifestado que es compatible ensanchar el "protagonismo" de las autonomías en el desarrollo de la planta judicial, modificando algunos preceptos de la citada ley.
Torres-Dulce ha planteado este lunes la devolución de las competencias judiciales, suponiendo que algunas comunidades serían partidarias de ello y ha advertido: "Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar".
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Los jueces conservadores consideran "muy difícil" que las comunidades devuelvan las competencias de Justicia
La Asociación de Fiscales apoya a Torres-Dulce y defiende que la gestión autónomica provoca "disfunciones" en el sistema
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha considerado "muy díficil" que las comunidades autónomas puedan devolver las competencias en materia de Justicia porque, según ha señalado, "las dinámicas políticas raras veces se encauzan en sentido inverso al que se ha tomado".
Llarena se ha manifestado de esta forma en relación con las palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha considerado un "error" las transferencias de Justicia y ha defendido que, "si es posible", esta competencia se devuelva a la Administración central al tener el actual modelo "los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas".
Desde la APM, de orientación conservadora, se considera que las "disfunciones" en la Administración de Justicia se producen por la "multiplicidad" de organismos que intervienen en la misma, en referencia no sólo a las comunidades autónomas sino también al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por eso, Llarena ha defendido la necesidad de "una correcta ordenación de todas las administraciones implicadas" y un modelo en el que el órgano de gobierno de los jueces asuma la gestión de los medios tecnológicos de la Justicia. "Las comunidades autónomas han asumido los medios en materia de Justicia y no se ha producido duplicidad, no hay dos sectores de la Administración abarcando el mismo espacio", ha defendido.
RESPALDO DE LOS FISCALES
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, ha señalado que Torres-Dulce ha hecho "un diagnóstico de algo que es problemático" porque la asunción de las competencias en materia de Justicia por parte de las comunidades autónomas crea "disfunciones", como "la existencia de múltiples registros o la falta de un sistema que unifique los procedimientos".
Tras señalar que la única ventaja que ofrece el actual sistema es "una gestión más próximas", Roma ha indicado a Europa Press que la Justicia española continúa "anclada en el siglo XIX" tanto en lo que se refiere a la organización territorial como al hecho de que los procedimientos se siguen haciendo "en papel".
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De Llera rechaza devolver las competencias de Justicia, como pide Torres-Dulce, y dice que es un proceso "irreversible"
El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha rechazado este lunes la propuesta del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha considerado un "error" haber traspasado las competencias en Justicia a las comunidades autónomas y se ha mostrado partidario de devolverlas al Estado.
En declaraciones a Europa Press, De Llera ha considerado que la transferencia de competencias a las comunidades autónomas en materias como educación, sanidad o justicia es un proceso "irreversible", por lo que ha vaticinado que la propuesta realizada por el fiscal general del Estado "no puede tener recorrido".
De este modo, el consejero del ramo ha dicho que la posición de Torres-Dulce "no se puede compartir", ya que, en primer lugar, "supone desconocer la organización territorial del Estado que establece la Constitución española, que reconoce el Estado de las autonomías". "Para hacer lo que él pretende, habría que reformar la Constitución para eliminar el Estado de las autonomías", ha subrayado.
En segundo lugar, De Llera ha insistido en que "no es un error" haber traspasado las competencias, "sino al contrario, un acierto", pues "mi experiencia como fiscal pone de manifiesto algo que es reconocido por todos los colectivos de justicia, y es lo que han mejorado los servicios de la Administración de justicia desde las transferencias hasta nuestros días".
Así, ha añadido, cuando estas competencias dependían del Ministerio de Justicia "fueron olvidadas, y ahí fue cuando empezó a tomarse la imagen de que la justicia era la hermana pobre", señalando que "si alguien se ha ocupado" de este campo "han sido las comunidades, y desde luego en el caso de Andalucía ha mejorado muchísimo, de manera evidente y ostensible".
"El error sería devolver las competencias, porque supone distanciar y volver a establecer una relación lejana entre el Gobierno central y los usuarios de la Administración de Justicia", ha aseverado el consejero del ramo, quien ha concluido diciendo que la reflexión de Torres-Dulce "responde a una ideología que defiende el Estado centralista francés del siglo XIX".
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