Va a empezar el año judicial con previsiones de profundos cambios en nuestro entorno.

Desde Justicia y Progreso creemos que esos cambios van a provocar un otoño bastante caliente toda vez que sin duda alguna se van a eliminar un importante número de plazas y se van a llevar a cabo bastantes procesos de reordenación con cambios de partido judicial (conviene recordar que ya reformaron la LOPJ para que nos pudieran cambiar de localidad aunque no estemos conformes).

Según hemos podido ir leyendo, las reformas legales que Gallardón pretende aprobar, salvo que sea cesado previamente, serían entre otras las siguientes:

CÓDIGO PENAL: Estaremos expectantes para ver si incluyen, como algunos medios han anunciado, determinados delitos que intenten callar a la ciudadanía en las modernas formas de movilización. Tenemos serias dudas que hagan modificaciones para perseguir la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos. También pretende la eliminación de las faltas lo que conllevaría una importante reducción de trabajo en los Juzgados de Instrucción, con la consiguiente reducción de plantillas.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL: Se permitiría al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora. Esto provocará, sin duda, la eliminación de gran número de plazas de Auxilio Judicial.

Primer trimestre de 2014

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: Con esta reforma, Justicia pretende descongestionar los juzgados, de tal forma que algunos asuntos «menores» no tenga que resolverlos el juez, dicen que serían funcionarios públicos adscritos a la Administración de Justicia. Veremos en quién se acaba concretando.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: Afectaría sustancialmente a la planta judicial que, si todo sigue como ya han anunciado, supondrá la eliminación de varias decenas de partidos judiciales.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: La investigación sería asumida por el Ministerio Fiscal. Los jueces de instrucción pasarán a ser jueces de garantías. Se limitará el secreto del sumario y se instaurará la doble instancia penal en todos los tribunales.