Tras el anuncio de los recortes que va a aplicar el Gobierno en la Administración, no podemos discrepar más del titular de la noticia.

Aunque es cierto en sus estrictos términos, "no se va a despedir a un solo funcionario", esto no es una realidad ya que supondrá la no contratación de muchos interinos y la elminación las plazas de aquellos que se jubilan.

Así pues la realidad es que el Gobierno SÍ preve mandar al paro a miles de empleados públicos, más de los que ya ha mandado.

Es conveniente que hagamos un repaso a las medidas que ya ha aprobado el Gobierno y que parece que no han provocado una reacción suficientemente contundente por parte de todos nosotros.

La noticia recoge los recortes aplicados en el conjunto de administraciones no pudiendo olvidar que en Justicia han sido mayores (reducción de 9 a 3 días de asuntos particulares frente a la reducción de 6 a 3 del resto de administraciones).

Así va a ahorrar el Gobierno 6.500 millones en personal sin echar a un solo funcionario (o eso dicen)

Los planes del Gobierno para modernizar y redimensionar la Administración Pública salen como se prevé, en 2015 el coste de funcionamiento del sector público será 17.500 millones de euros más bajo de lo que era en 2011.

La mitad de ese ahorro, aproximadamente, provendrá de la reducción de la factura por gastos de personal, según reconoció el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, como Portugal, Grecia o Irlanda, ese ahorro no se conseguirá despidiendo funcionarios, sino suspendiendo la contratación de nuevo personal funcionario y 'obligando' a la actual plantilla a trabajar más horas.

¿Significa esto que no habrá nuevos recortes en las plantillas del sector público? En absoluto. Esas horas de más que harán los funcionarios actualmente disponibles desalojarán, más que probablemente, al personal laboral o interino que ahora cubría esas necesidades y posiblemente dejarán en la calle a miles de trabajadores que, aún no teniendo una plaza fija en la Administración, a día de hoy están a sueldo del sector público.

Según el Gobierno, sólo este año las Administraciones Públicas se ahorrarán 5.000 millones de euros en gastos de personal como consecuencia de las medidas de ahorro estructural aprobadas hasta la fecha, sin tener en cuenta ni el impacto de la supresión de la paga extra ni el de las rebajas salariales adoptadas.

Cuando las medidas estén a pleno rendimiento, el año que viene, el ahorro aumentará hasta el entorno de los 6.500 millones de euros, es decir, un 6,5% del coste actual de la factura por gastos de personal de las Administraciones Públicas. Éstas son las medidas que lo permitirán:

- Congelación de la oferta de empleo público y tasa 0 de reposición de vacantes. Este año la Oferta de Empleo Público del Estado apenas ha sacado 422 plazas por necesidades inaplazables de personal. Sólo hay que echar un vistazo a los más de 10.000 puestos que se ofrecieron en 2007 para darse cuenta de la extraordinaria contención que el Estado ha aplicado a su política de personal en los últimos años.

La clave de bóveda de esta estrategia ha sido la tasa 0 de reposición de vacantes, que ha apuntalado el principio general de que no se cubra ninguna de las bajas que haya en la Administración, salvo en centros particularmente sensibles: fuerzas de seguridad, inspección de Hacienda...

Según los cálculos del Gobierno, esta estrategia permitirá este año un ahorro conjunto para las Administraciones Públicas de 1.800 millones de euros, repartidos en 1.060 millones en el caso de las comunidades autónomas y 360 millones en el caso del Estado y los ayuntamientos. En 2014 ese ahorro ascenderá a 3.500 millones de euros, más de la mitad del ahorro total en materia de personal.

- Fijación de la jornada semanal de 37 horas y media. El pasado 1 de abril entró en vigor esta disposición que ya se aplicaba para los empleados de la Administración General del Estado, pero que ahora también es de obligado cumplimiento para los autonómicos y los locales. El Gobierno estima que las administraciones periféricas se ahorrarán este año como consecuencia de la implantación de esta jornada unos 1.223 millones de euros anuales.

- Supresión de días de libre disposición y días adicionales de vacaciones por antigüedad. El segundo paquete de recortes del Gobierno, que se aprobó como real decreto en julio del año pasado, redujo de seis a tres los días de libre disposición que tenían los funcionarios, los populares 'moscosos, eliminó los llamados 'canosos' (días de libre disposición que se obtenían cada vez que se cumplía un trienio en la Administración) y acabó con el beneficio de incrementar en uno los días de vacaciones de los funcionarios cada vez que se cumplía un trienio.

Moncloa calcula que estas medidas ahorrarán 1.390 millones a las Administraciones Públicas en 2013, posiblemente por la vía de permitir la cobertura de más jornadas con personal funcionario y reducir las necesidades de personal externo.

- Modificación del régimen retributivo durante la Incapacidad Temporal. Desde el pasado 15 de octubre, los funcionarios en situación de baja temporal por contingencias comunes (enfermedad no relacionada con su actividad profesional o accidente) ya no cobran el 100% de su sueldo durante los tres primeros meses de baja, sino que reciben un complemento que no puede superar el 50% de su sueldo durante los primeros tres días de baja y otro similar hasta el 75% entre el cuarto y el vigésimo día de baja.

Según el Gobierno, la medida buscaba eliminar incentivos perversos a la prolongación de las bajas y combatir el absentismo. ¿Qué ahorro se prevé? 426 millones de euros entre todas las Administraciones Públicas.

- Curarse en casa tiene penalización. Las pequeñas ausencias por malestares o pequeñas enfermedades, que no llegan a ser bajas por no pasar de tres días, también tienen su pequeño ahorro asignado. El Gobierno utilizó el trámite en el Senado de los Presupuestos para introducir una disposición que rebajaba a la mitad del sueldo de los funcionarios a partir del quinto día de ausencia sin baja que acumularan en un solo año, al modo en que lo hacen algunos convenios colectivos. Moncloa espera un ahorro de 35 millones de euros anuales por esta cláusula anti-absentismo.

- Reducción de créditos y permisos sindicales. El pasado 1 de octubre quedaron anulados todos los acuerdos en el ámbito de la Administración que ampliaban las horas sindicales por encima de lo previsto en la legislación básica al respecto: 15 horas mensuales. La reimplantación de este permiso sindical básico generará un ahorro anual superior a los 60 millones de euros.