En el Pleno del CGPJ de hoy se va debatir la Propuesta que presenta el Vocal D. Manuel Almenar Belenguer sobre las conclusiones del grupo de trabajo constituido por el Consejo General del Poder Judicial el pasado mes de octubre, formado para el estudio de la REFORMA DE LA DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL e integrado por D. Manuel Almenar Belenguer, Dña. Inmaculada Montalbán Huertas, Da. Margarita Robles Fernández y Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao.

Sobre el contenido de la misma hemos encontrado esta noticia publicada en ABC.

Preocupante es la referencia a la intención de reducir los 431 partidos judiciales a 200 lo que supondrá un alejamiento de la Justicia al ciudadano y un grave retroceso en nuestras condiciones de trabajo, reducciones de plantilla, procesos de movilidad, grandes desplazamientos para realizar notificaciones, etc.

En conclusión, el propio CGPJ le está haciendo el trabajo sucio al Ministro de Justicia.

Vienen tiempos muy complicados.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará hoy cuál debe ser la nueva distribución territorial de los juzgados y tribunales en España si se quiere garantizar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia y dotar de una mayor eficacia a este servicio público. El Pleno votará un documento en el que los vocales Manuel Almenar, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Gabriela Bravo llevan trabajando desde hace varios meses. En él han fijado las bases para la nueva demarcación judicial cuyos pilares, sostienen, son la concentración de los servicios, la especialización y el uso de las nuevas tecnologías.

El documento, al que ha tenido acceso ABC, se presenta al Pleno una semana después de que comenzaran sus trabajos las comisiones institucionales creadas por el Gobierno para reformar tanto la Ley de Demarcación y Planta Judicial, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La participación de dos vocales en esos grupos ha generado susceptibilidades entre algunos vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del CGPJ recuerdan que la modificación de la distribución territorial de los juzgados es una de las líneas básicas para la reforma de la Justicia y ya se planteó como tal en 2001, cuando el Gobierno de Aznar y el PSOE firmaron el Pacto de Estado. El Plan de Modernización aprobado por el actual CGPJ en noviembre de 2008 retomó la idea y fijó como uno de sus ejes de actuación la «revisión de la organización territorial de la Justicia y la formulación de propuestas para una nueva demarcación». Fruto de ese Plan es este documento.

El estudio recomienda ir hacia la especialización de los órganos judiciales, hacia la «concentración» de los servicios y a la superación de la división actual en partidos judiciales, propia del siglo XIX, para «implantar estructuras territoriales más amplias y funcionales». La presencia del ciudadano en las oficinas debe «circunscribirse a los supuestos estrictamente necesarios» por lo que la clave está en «facilitar la comunicación telemática y las nuevas tecnologías».