Este es un ejemplo de lo que ha supuesto la Ley de Tasas, seguro que no se habrán evitado aquellos recursos que se interponen para dilatar y retrasar la acción de la Justicia por aquellos que tienen recursos para hacerlo, se ha evitado que muchos ciudadanos puedan recibir la tutela judicial efectiva por su falta de recursos.

Esperemos que el rechazo contra las tasas manifestado por casi la totalidad de los que tenemos algo que ver con la Justicia y con ejemplos como las 172.454 firmas recogidas por el Abogado Fabián Valero tengan resultado y se consiga derogar la injusta Ley del Partido Popular.

Los recursos civiles caen un 30% en la Audiencia de Alicante tras la ley de tasas

La Ley de Tasas Judiciales ha contado con una fuerte contestación desde prácticamente todos los estamentos del mundo del Derecho. Jueces, fiscales, abogados, procuradores y secretarios judiciales se han manifestado en contra de la medida por considerar que limitan el acceso del ciudadano a la Justicia. Aunque el ministerio intentó dar marcha atrás suavizando algunas de las tasas, dejó intactos los tributos que se debían abonar en caso de que se fuera a presentar un recurso de apelación: 800 euros si va dirigido a la Audiencia Provincial; y 1.200 euros si se presenta ante el Tribunal Supremo. Anteriormente, el dinero que había que abonar por un recurso civil ante la Audiencia era de 50 euros.

Para el presidente de la Audiencia de Alicante, el principal riesgo que se corre es la ausencia de jurisprudencia, ya que si los ciudadanos no recurren, ni las audiencias ni el Supremo podrán unificar doctrina en asuntos que sean controvertidos. Asimismo, consideró que en un pleito de un particular contra una gran empresa, será esta última quien más posibilidades tendrá de presentar un recurso en caso de que en primera instancia no ganen en pleito; mientras que el ciudadano tendrá menos opciones en el caso de que no pueda afrontar el dinero de las tasas.

Magro ya presentó un informe ante el ministerio de Justicia alertando de que la Ley de Tasas podría ser inconstitucional debido a su elevada cuantía. En estos momentos, ya se han presentado varios recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no se ha sumado a iniciativa de recurrir el polémico texto. Becerril dio por buenas la reducciones que aprobó el ministerio el pasado febrero, aunque los abogados las siguen considerando insuficientes.

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