Recordaréis que a final del pasado año la Generalitat, en un acto sin precedentes, nos descontó parte de las retribuciones de la paga extra en concepto de retenciones de IRPF, clases pasivas y MUGEJU de la paga ordinaria. Además anunció que retendría un 20% de la paga ordinaria que sería abonada en el 2012 (cuando tuvieran líquido).

Posteriormente, el día 29 de diciembre, nos ingresó una parte de la paga extra para abonarnos en el último momento el 20% que decían nos iban a pagar durante el 2012.

Ante esta situación algunos dudaron y empezaron un largo período para reflexionar sobre qué hacer.

Para nosotros estaba claro, por eso desde Justicia y Progreso, el mismo día 22 de diciembre, nos dirigimos a la Fiscalía para denunciar estas actuaciones entendiendo que podía estarse cometiendo algún hecho delictivo.

Pasados cerca de 4 meses y tras, suponemos, un estudio concienzudo la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, nos ha notificado el archivo de las actuaciones porque entienden que al habernos abonado el total de las retribuciones dentro del año natural no se habría cometido delito alguno.

A continuación os ponemos la resolución notificada por la Fiscalia.

Nos creeremos lo que nos ha dicho la Fiscalía, y vistos los argumentos expuestos por la misma, pensamos que gracias a la denuncia presentada, algún alto cargo de la Generalitat se apresuró a buscar el dinero de debajo de las piedras para pagarnos y así evitar que pudieran incurrir en algún delito.

Como véis, en Justicia y Progreso actuamos cuando tenemos indicios de que se pueda estar cometiendo un delito, no hace falta hacer grandes estudios, que aún parece ser que no han concluido, para presentar una denuncia, solamente hay que tener el interés en denunciar los hechos ante quien debe velar por el cumplimiento de la legalidad, la Fiscalía.

OS RECORDAMOS QUE HOY A LAS 18.00 HAY CONVOCADA UNA CONCENTRACIÓN POR LOS OTROS SINDICATOS ANTE EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA (Pau Claris esquina Caspe), OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA MISMA COMO RECHAZO A LA BAJADA DE SALARIOS QUE SUPONE PASAR A SER LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA PEOR PAGADOS DEL ESTADO.

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