LA PROPUESTA DEL CGPJ SOBRE LA NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL CREA: INCERTIDUMBRE, CONFUSIÓN, DESASOSIEGO, Y LO QUE ES PEOR LA LEJANÍA DE LA JUSTICIA DEL CIUDADANO

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¿Será la propuesta del CGPJ una cortina de humo para tapar los grandes retrasos que padece la justicia, las sentencias que se están dictando, las que se van a dictar, en definitiva, distraer al personal con “movidas” judiciales?

La propuesta del CGPJ no viene acompañada de una memoria económica, ni mucho menos aun de un estudio estadístico de las cargas de trabajo, ni la base o estudio de los medios de transporte existente desde un extremo a otro de los nuevos partidos judiciales que proponen, que lleven a saber el tiempo de traslado del ciudadano de su residencia a la nueva del futuro partido judicial y el perjuicio que se les va a ocasionar.  Por cierto dicha capitalidad es competencia de las  Comunidades Autónomas establecido por Ley, Articulo 35 LOPJ avalado por sentencias 56 y 62 de 1990 del TC.

A nuestro juicio lo que subyace de la propuesta aprobada por el CGPJ, se resume en un párrafo de la Justificación de la reforma que se contiene en la página siete, y que dice:

“Que no se trata de una cuestión puntual o de un problema nacional, sino de una consecuencia ligada a la evolución socio-política y a las demandas de la ciudadanía, se evidencia desde el momento en que en el “Draft rapport PT Judicial Reforms” elaborado en el seno de la Red de Consejos del Poder Judicial de la Unión Europea y pendiente de aprobación en los próximos meses, al abordar el apartado relativo a la “racionalización y (re)organización de los Tribunales”, recuerda: “Además del ahorro y calidad en general, la especialización, un necesario mínimo de jueces, las nuevas tecnologías y ahorro de tiempo, son mencionados como motivos para mejorar. La desventaja de todas estas reorganizaciones es el deterioro del acceso geográfico a la justicia. Sin embargo, la mayoría de los jueces ya no da mucha importancia a estos temas. Parte de la explicación es que la presencia de las partes y otros participantes en juicios como testigos, es cada vez menos importante. La aplicación de la tecnología informática, particularmente vídeo conferencias, está convirtiéndose en algo tan normal en muchos países que participar en declaraciones a distancia, no se aprecia como un serio obstáculo”

El CGPJ es respetuoso con la Constitución, y a la vista de lo anterior no creemos que el final sea que haya una sola sede de partido judicial en Madrid, o que sean las capitales de las CCAA, (así el ahorro será mayor), algo a lo que podríamos llegar ya que según el CGPJ nadie tendrá que moverse de su residencia para los tramites judiciales, y así los Magistrados no tendrán que ir a los pueblos a ejercer.

Lo que nos parece bien es que, con el nuevo diseño, los juicios de faltas que ahora ven los Jueces de Paz legos en derecho, pasarán a ser resueltos por profesionales, Magistrados de  órganos colegiados, aunque no se supriman los Juzgados de Paz porque según el CGPJ se crearán servicios para ¿presentación de documentos quizás?.

Abogados y Procuradores ya han  comenzado a protestar, en los pueblos, porque en las capitales están tan contentos, más clientes próximos a sus Juzgados y despachos; los Bancos y demás entidades mercantiles encantadas de una reforma que les ahorrará dietas de desplazamientos de sus letrados, en épocas de crisis todo viene bien.

Y en cuanto a los funcionarios dicen portavoces del Consejo que “tenemos que estar tranquilos, pues según aseguran estos ilustres Magistrados nadie se moverá de donde está, puesto que no desaparecerán las oficinas judiciales, ya que la propuesta del CGPJ dice que creará servicios para la justicia”. Curiosas afirmaciones cuando vemos que por un lado no hay memoria económica, y por otro que esos servicios para la justicia, según ellos no serían tan necesarios puesto que se habla de vías telemáticas y cosas parecidas.

Esperemos que este primer documento sea seguido por otros más ilustrativos.

Por cierto esta reforma será presentada a las Cámaras del Parlamento en octubre de 2012 para su APROBACIÓN, según ha comunicado el Gobierno a Bruselas en escrito remitido el pasado viernes.

Seguiremos informando… sin mordaza