NOTA DE PRENSA DE JUSTICIA y PROGRESO
JYP: DENUNCIAMOS QUE LA CONSELLERA DE JUSTICIA DE CATALUÑA LLEVA AL COLAPSO LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL
Hemos sido informados que en el día de hoy la Conselleria está preparando cartas dirigidas a los funcionarios de los Juzgados de lo Social informándoles de la eliminación de una plaza en cada uno de los Juzgados.
Esto supondrá, a la ya sobrecargada jurisdicción social (cerca de un 40% superior a la carga de trabajo recomendada por el CGPJ), un golpe mortal que provocará un retraso en la tramitación de expedientes de regulación de empleo, despidos y otros muchos.
El exceso de demandas viene provocado por la crisis económica en que nos encontramos, lo que ha venido produciendo un incremento de las mismas desde el 2008.
En la actualidad parecía que la situación se estancaba, pero con la reciente reforma de la Ley de la Jurisdicción laboral, que ha hecho recaer en estos Juzgados unas competencias que anteriormente llevaban otros Juzgados (mercantiles y civiles), así como nuevos procedimientos relacionados con la Ley de la Dependencia, prevemos que nuevamente las demandas se incrementarán de forma notoria.
Esta situación provocará que muchos trabajadores que pierden su puesto de trabajo, no sean atendidos con la presteza que requiere su situación porque los Juzgados de lo Social estarán colapsados.
La situación aquí denunciada se ha puesto en conocimiento de la Consellería mediante un escrito de nuestro Sindicato presentado en el día de hoy, donde se demuestra que la decisión es arbitraria ya que todas las estadísticas consultadas indican que la situación pasará a ser insostenible, exigiendo a la Consellera que se replantee y paralice la decisión tomada.
Esto no es más que una nueva medida de reducción de personal que se inició a principios de año con la negativa de la Consellería a cubrir las bajas y vacantes que se producían en los Juzgados de toda Catalunya.
Hasta ahora los trabajadores de los Juzgados de lo Social, siendo conscientes de la problemática que abordan y siendo solidarios con los problemas de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, han hecho un sobre esfuerzo por intentar que los problemas se solucionaran rápido, ahora ya no lo van a poder hacer.
Queremos transmitir a la opinión pública que la responsabilidad no puede recaer en aquellos que día a día trabajamos para ayudar a impartir justicia, sino en los políticos que nos gestionan y que impiden desarrollar nuestro trabajo de forma plena.
INFORME ELABORADO POR JUSTICIA Y PROGRESO.
Curiosamente en el día de hoy ha salido un artículo firmado por varios Jueces donde hacen un análisis muy parecido al nuestro y efectuan la misma denuncia que nuestro Sindicato. A continuación os incluimos el artículo en su totalidad.
Articulo firmado por Xavier Gonzàlez de Rivera (Coordinador de Jueces para la Democracia en Catalunya), Miguel Angel Tabarés, Yolanda Rueda y Cristina Bustamante.
"Jamás ningún Gobierno ha querido que los ciudadanos y ciudadanas de este país dispusieran de una Administración de justicia equiparable al resto de los servicios públicos que se les prestan. Nunca la Administración de justicia -la que da el imprescindible soporte a jueces y tribunales- ha podido atender a los requerimientos de la sociedad con una respuesta similar a la que se daba a la sanidad, la educación, la Administración tributaria o los servicios sociales. Los sucesivos gobiernos en Catalunya y en España han preferido en los últimos 30 años mantener esta Administración apartada de los grandes avances de nuestra sociedad, en lo que podría parecer un intento de hacerla invisible.
La Administración de justicia llegó exhausta a las puertas de la crisis; con una organización decimonónica, unas herramientas totalmente superadas en otras administraciones y en cualquier actividad privada y una carga de trabajo que reventaba cualquier ratio razonable, provocando la justificada desesperación de quienes buscaban en ella una respuesta que no llegaba. La crisis se instaló y con ella cientos de miles de despidos, empresas que no podían hacer frente a sus obligaciones, hipotecas impagadas, alquileres no satisfechos... El trabajo de esta Administración, como garante último de los derechos de todos esos ciudadanos y ciudadanas, se multiplicó en Catalunya en algunos casos hasta un 300 %, sin que existiera un refuerzo significativo. ¿Que habría ocurrido con incrementos equiparables en sanidad o en educación? Y, sobre todo, ¿qué habría ocurrido si en ese momento las administraciones sanitarias o educativas catalanas hubieran tenido una estructura como la de hace 100 años? Ha ocurrido en justicia, no pasa nada, no hay noticia.
Y desde hace algunos meses ya solo se habla de recortes. Los de sanidad, educación o infraestructuras abren todos los espacios informativos y están en todas las portadas. Los recortes en la Administración de justicia, no. Esta Administración es noticia solo por un minúsculo porcentaje de asuntos que tienen interés periodístico; también por su lentitud o ineficacia. Pero casi nunca por las causas que han provocado su situación actual.
La Administración de justicia se ha convertido en una Administración invisible, cuando no ya abierta y públicamente repudiada por algunos responsables de gobiernos autonómicos que no quieren gestionar las competencias que tienen transferidas y quieren «devolverlas» al Estado. La última, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Govern de la Generalitat, sin llegar a esos extremos, se ha apresurado a aprovechar la invisibilidad de esta Administración para recortar de manera injustificable sus ya muy menguados medios.
El Departament de Justícia de la Generalitat no solo deja sin cubrir un enorme porcentaje de plazas de funcionarios que, por unas u otras razones, temporal o definitivamente, quedan vacantes, sino que ha suprimido o ha anunciado que suprimirá en las próximas semanas varios cientos de plazas. Utiliza para ello el eufemismo de la reordenación basándose en una sorprendente interpretación de la realidad. Dice la Generalitat que en los últimos meses se ha producido un descenso en el número de asuntos que entran en los juzgados. Es cierto que en algunos casos se ha producido una mínima disminución, aunque ello no se debe a que la situación económica haya mejorado. Las noticias de cada día en absoluto pronostican esa mejora; a nadie le sorprendería otro brutal y desgraciado incremento de asuntos en los próximos meses. El Departament de Justícia de la Generalitat hace trampa cuando justifica sus recortes en el leve descenso de asuntos entre el 2009 y el 2010. Para un análisis no solo útil, sino también sincero, debe utilizar todo el lapso de la crisis, al menos desde el 2007. Desde entonces hasta aquí, en los juzgados sociales de Catalunya, por poner solo un ejemplo de quienes atienden reclamaciones perentorias de los ciudadanos -despidos, reclamaciones a la Seguridad social, etcétera...-, el trabajo se ha incrementado, según la provincia, entre un 50% y un 80%. Estos juzgados, por un próximo cambio legislativo, verán ampliadas sus funciones. A pesar de todo, están en el punto de mira de la Generalitat para reducirles plantilla.
Los ciudadanos y ciudadanas de este país y quienes -también ciudadanos- servimos en esta Administración no podemos conformarnos. Sobre todo no podemos conformarnos ahora, cuando parecía que, tras decenios de olvido e indiferencia, nuestros representantes parlamentarios se habían puesto de acuerdo en colocar a la Administración de justicia en el siglo XXI, dictando leyes para la implantación de la nueva oficina judicial, el expediente digital, la reorganización de partidos judiciales, los tribunales de instancia, etcétera. El Departament de Justícia de la Generalitat, dentro del amplio margen de sus competencias, debe responder a estos inaplazables desafíos y no puede hacerlo solo con recortes. No nos conformamos.
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C. VALENCIANA
