El pasado 6 de julio se publicó en el BOE la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, lo que supone el inicio del final del papel en la Administración de Justicia.

Establece la Disposición adicional tercera que en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente Ley, las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia garantizarán la interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administración de Justicia. Esto simple y llanamente significa que el 6 de julio de 2015 el expediente digital debe estar implantado en la Administración de Justicia.

Dicha implantación va a suponer la desaparición del papel en muchas de las actuaciones judiciales y lo que significa de ahorro de dinero en consumibles informáticos, papel, así como ahorro de tiempos de trabajo como consecuencia de la eliminación de impresiones, copias, uniones de papeles, etc.

Esto va a suponer un ahorro económico importante (pensad que actualment solo el gasto en consumibles podría ser del entorno de 25 millones de euros). Por ello, y siendo una realidad que esto va a suponer un ahorro cierto, se aproveche la oportunidad y se fuerce a las diferentes administraciones a realizar un pacto que suponga la inversión en gastos de personal de una parte importante de este montante, aprovechando para garantizar la creación de nuevas plazas, las mejoras retributivas que venimos reclamando (incluida la perdida de poder adquisitivo que hemos venido sufriendo ultimamente) así como un sistema de cobertura de plazas vacantes de forma automática. Ahora es el momento de afrontarlo y desde Justicia y Progreso, a pesar de no estar en la mesa de negociación conminamos a los Sindicatos que forman parte de la misma a articular una plataforma en este sentido, para que de forma unitaria todos los sindicatos podamos exigir un pacto que pueda suponer una mejora para todo nuestro colectivo.