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09-02-2026 03:48

Desde Justicia y Progreso denunciamos el fracaso estrepitoso, previsible y evitable del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de justicia en los partidos judiciales de la tercera fase, situación esta que es extrapolable a cualquier parte del territorio estatal. Denunciamos el trato indigno y vejatorio al que...

El Gobierno ha anunciado que creará 500 plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Según su propia información, el nuevo modelo (Tribunales de Instancia) permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un...

Sigue el culebrón de la privatización del Registro Civil, demostrando que no era una ocurrencia de Gallardón. La orden viene de arriba, es clara y determinada, se continua adelante con el regalo a Registradores.

Así, el pasado jueves se reunió con los Registradores tal y como han anunciado el propio Ministerio mediante NOTA DE PRENSA lo que demuestra claramente que o bien pasamos de las palabras a los hechos o una nueva privatización de un servicio público está servido.

Pero parece que las cosas algunos no las tienen del todo claras. En la ronda que el Ministro de Justicia ha iniciado con los Sindicatos, que negocian con el Ministerio, nos informan que le han trasladado su oposición a dicha privatización.

Hasta aquí totalmente de acuerdo, pero en vez de mostrar su posición firme, sobre todo por aquellos que dicen haber llegado a un preacuerdo que aún no se ha convertido en acuerdo, exigiendo su retirada o rompiendo las negociaciones si la privatización continua, solo hacen manifestaciones grandilocuentes y poco efectivas permitiendo con su complicidad que dicha privatización siga adelante. Así nada conseguiremos.


A continuación os ponemos el enlace a un interesante artículo publicado por Verónica del Carpio al respecto de las "argucias legales" que estaría utilizando la maquinaria del Gobierno para evitar que pueda ser declarada inconstitucional esta arbitraria decisión.

ACCEDE AL ARTÍCULO.

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