Cuando creíamos haber conseguido generar un profundo rechazo por el conjunto de la sociedad a las políticas de desmantelamiento de nuestra Administración, así como los profesionales de nuestro ámbito, vemos como el pasado jueves 3 sindicatos (csif, ugt y staj) dan el beneplácito a la reforma de la LOPJ presentada por el PP.

Entendemos en JyP que con este acuerdo se le ha dado un balón de oxígeno a cambio de muy pocas mejoras reales del contenido de la LOPJ y apenas ningún logro, más allá de alguna promesa.

Nos da la sensación que con este acuerdo se está avalando además la decisión de privatizar el Registro Civil, y el regalo a procuradores de los actos de comunicación, cuestiones ambas que para Justicia y Progreso son inasumibles.

No deja de sorprendernos esta nueva técnica de negociación en el que se anuncia un acuerdo (debe ser para que los que marchen de vacaciones lo hagan tranquilos) sobre el que no hay documento escrito alguno, principio básico para combatir las malas artes de un gobierno mentiroso, fiándolo al resultado de la modificación de la LOPJ en trámite parlamentario.

Ellos sabrán por qué lo hacen, pero vemos más sombras que luces en este pacto de caballeros. Sinceramente nos huele muy mal.

Creemos que para dar claridad a lo que decimos es mejor que vosotros mismos lo comprobéis y saquéis vuestras propias conclusiones con los comunicados que han difundido.

Desde los "acordantes" (porque el Ministerio no ha dicho ni pío) se nos informa del contenido mediante una circular que titulan: "La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial no suprimirá los partidos Judiciales ni las oficinas de los Juzgados de Paz", título verdaderamente llamativo y que nos parece un buen inicio, pero dependerá de como se concrete y sobre todo del personal que acabe destinado en los mismos. Posteriormente aclaran que queda "pendiente de la redacción definitiva del Proyecto de LOPJ", creemos que todo queda dicho.

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Por otro lado, tenemos al cuarto sindicato en discordia (ccoo) que también informa de los "compromisos" pero advirtiendo "que no firmará ningún acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre el contenido completo de la nueva LOPJ sin trasladarlo previamente a los trabajadores y trabajadoras de la administración de justicia". Llegados aquí parece que dicen no pero sí, sí pero no, vamos que como no saben qué decir, pues que lo decidan los trabajadores, dejando en el aire si siguen planteando movilizaciones o no. Una forma muy peculiar de "ceder" la decisión soberana y así "quitarse el muerto de encima". Para JyP la consulta a los trabajadores debería ser un principio básico para cuestiones tan importantes como la presente.

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Por último, conviene recordar que hay otros dos sindicatos en la mesa de negociación de Madrid (cig y ela, sindicatos nacionalistas gallego y vasco) que se han retirado de la mesa de negociación por los motivos que podéis ver en su comunicado.

ACCEDE AL COMUNICADO DE LOS SINDICATOS NACIONALISTAS.

Según hemos podido leer, el Ministerio habría llegado a un principio de acuerdo con csif-ugt-staj para introducir algunos cambios en el proyecto de reforma de la LOPJ que se está tramitando en el Parlamento.

No vamos a negar la importancia de lo que dicen haber conseguido (si se acaba confirmando) aunque nos surjan muchas dudas del verdadero alcance. 

Dicho lo anterior, creemos que hay otras muchas cuestiones, de igual o mayor importancia que se han quedado en el tintero y que van a perjudicar a muchos de nosotros si la redacción se mantiene tal y como la conocemos.

Desde Justicia y Progreso creemos con este acuerdo que implicará obviamente la "paz social" por parte de los firmantes, habremos perdido una oportunidad de oro.

Creemos que en estos momentos Gallardón necesitaba un balón de oxígeno para poder hacer frente a las criticas que está recibiendo de todos los actores de la Justicia y nos da la impresión que los tres firmantes del acuerdo se lo han suministrado a un bajo precio.

¿Quizás este pacto sea a cambio de no hacer mucho ruido en la privatización del Registro Civil? El tiempo lo dirá. En Justicia y Progreso lo tenemos muy claro y no cejaremos en el empeño de conseguir revertir la decisión publicada en el BOE

Desde Justicia y Progreso rechazamos esta medida porque:

• El actual servicio se dispensa con absoluta profesionalidady los retrasos tan solo son imputables a la falta de interés del Gobierno y la clara intención de "vender que no funciona", para poder así privatizarlo.
• El nuevo servicio no será gratuito
• Los ciudadanos de pequeñas poblaciones estarán obligados a realizar
• Los que llevarán realmente el Registro, serán trabajadores privados y no funcionarios, que tratarán datos muy confidenciales. 

En el BOE de hoy se ha publicado la privatización del Registro Civil y entrega del mismo a Registradores Mercantiles a través del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Las reformas se encuentran recogidas en las disposiciones décimo novena a vigésimo cuarta del anterior. ACCEDE AL BOE.

Dicha aprobación supone que la privatización se efectuará el próximo 15 de julio de 2015 (no dentro de dos años como algunos van diciendo parece que para tranquilizar a los compañeros)

Sería interesante que los grupos parlamentarios analizaran, y denunciaran en su caso, el posible conflicto de intereses en la decisión alcanzada a la vista de los vínculos personales y familiares de miembros del gobierno con el cuerpo al que encargarán dicha llevanza.

Uno de los argumentos puestos por el gobierno en la mesa es que su decisión supondría una reducción de los desplazamientos de los ciudadanos. Ya nos explicaran cómo lo harán cuando vemos que Registros Mercantiles (según informa su propia web) solo existe uno en las capitales de provincia y alguna ciudad de relativa importancia.

Desde Justicia y Progreso exigimos el compromiso expreso de todos los partidos políticos por la "NACIONALIZACIÓN" del Registro Civil y la devolución de la gestión a la administración justicia en cuanto el partido popular deje de gobernar este país.

Ese posicionamiento y las medidas que vamos a llevar a cabo los trabajadores, esperamos que apoyados por la ciudadanía, lograrán frenar esta gravísima decisión que para todos nosotros a tomado el gobierno del Registrador Rajoy.

Eso sí, los Registradores siguen manifestando su desacuerdo con dicha decisión, pero claro está, por motivos muy diferentes a los del conjunto de la ciudadanía.

El pasado jueves 26 de junio el Ministro Gallardón recibió el premio "Balanza de Oro" del Colegio de Procuradores.

Cuestionamos dicha decisión. No podemos compartir que se premie a aquel que pretende destruir la Justicia. Tan solo lo podemos entender de aquellos que pretenden salvar su profesión, ante las "ordenes" de Europa que obligan a unificar las profesiones de abogados y procuradores. a costa de nuestra desaparición.

Tampoco podemos comprender las declaraciones del Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla que ante la carencia de medios que tenemos, en vez de reclamar del Ministerio medios, defienda que sean los procuradores los que asuman la ejecución.

Desde Justicia y Progreso rechazamos y combatiremos cualquier intento de que los procuradores asuman los actos de comunicación y la ejecución ya que supondría un paso en la privatización de la Justicia y una importantísima amortización de plazas entre funcionarios de justicia

Hace algún tiempo unos compañeros se pusieron en contacto con nosotros para combatir la negativa del Ministerio a pagar unas cantidades que deberían haberles abonado por un trabajo realizado.

Con nuestro asistencia sindical y tras ganar el recurso interpuesto, se ha restituido la legalidad y se ha demostrado que si las cosas no se hacen de forma legal, podemos conseguir su rectificación.

Seguimos en la lucha.

Si quieres más información no dudes en leer la circular

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El viernes pasado cumplimos seis años de vida y no hubiéramos pensado en un mejor regalo que la noticia aparecida en los medios por la que imputan al número dos de Justicia por el caso ITV (el mismo caso que el de Oriol Pujol).

¿Que por qué nos alegramos? Porque quizás sea una forma de JUSTICIA poética la que se produzca. La persona que nos impuso unos servicios mínimos abusivos y conculcó nuestro derecho de huelga, tras no haber sido reprobada en el Parlament (por la negación de CiU y ERC) por estos hechos, ahora deberá comparecer ante la Justicia como imputado.

Al parecer dicha comparecencia se producirá el próximo jueves 12  en el Juzgado de Instrucción nº 9 de los de Barcelona, le esperamos.

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Allá por el 6 de junio de 2008 un grupo de compañeros creamos la asociación profesional Justicia y Progreso con la intención de conseguir un foro de debate y opinión que abordara, desde la vertiente profesional, los problemas que tenemos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Posteriormente y a la vista del seguimiento por parte de muchos de vosotros y viendo la necesidad de crear una opción realmente diferente a las existentes en la Administración de Justicia, constituimos el Sindicato.

Hemos demostrado en estos 6 años de vida que las cosas se pueden hacer de forma diferente, hemos conseguido tirar adelante un proyecto sin la necesidad de subvenciones públicas así como cumplir con nuestro compromiso de que los liberados no cobren guardias que no realizan, compremetidos plenamente en la defensa de nuestros derechos.

Han sido, y continuan siendo, momentos muy difíciles para todos nosotros, pero hemos conseguido salir adelante gracias a todos vosotros, a los que os habéis unido al proyecto y a los que nos habéis apoyado con vuestros ánimos.

Gracias a todos por seguirnos día a día y por apoyar este compromiso hecho desde el altruismo y la honradez de los que lo componemos.

Seguimos adelante en el objetivo de que podamos cambiar las cosas y recuperar todo aquello que gobiernos de todos los colores nos han robado.

Contamos con todos vosotros.

Una vez más, y ya van..... el grupo parlamentario de CiU va a pedir en el Congreso que el conocimiento del catalán o de las otras lenguas cooficiales sea considerado un requisito para la prestación de servicios en la administración de Justicia de los correspondientes territorios.

Alegan que "la lengua no puede ser un motivo de exclusión en las relaciones de los ciudadanos con la Administración" y recuerda que los actos jurídicos realizados en catalán tienen plena validez y eficacia.

Nos gustaría conocer cuántos ciudadanos han presentado alguna queja por no haber sido atendidos en la lengua que han decidido utilizar para sus relaciones con la Justicia y ver si realmente tiene razón de ser dicha petición.

Lo que a día de hoy es incuestionable es que la Generalitat discrimina a los funcionarios de la administración de Justicia destinados en Cataluña que no tienen el nivel C de catalán.

A los hechos nos remitimos, se ha establecido como requisito en todas las convocatorias de puestos singularizados (con más retribuciones) convocados al implantar la Nueva Oficina Judicial, produciendo una discriminación laboral. Se ha llegado a dar el supuesto en que un funcionario titular (con más méritos) no ha podido ocupar una plaza y sí un interino por el hecho de tener este último el nivel correspondiente de catalán.

Muchas voces se están alzando contra el proyecto de reforma integral de la LOPJ y en el caso que abordamos en nuestra circular porque podría ir en contra la independencia judicial.

Así, se han hecho sendos informes por las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional que formulan muchas objeciones y que ha salido reflejado en varios medios de comunicación.

Desde Justicia y Progreso entendemos la preocupación de esos órganos de gobierno, pero a nosotros nos preocupa más cuando en base a esa independencia el que acaba "pagando el  pato" somos los ciudadanos de a pie.

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