El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto Ley 20/2012.

En la sentencia dictada se reconoce el derecho del Gobierno del Estado a dictar dicha medida restrictiva de nuestros derechos, pero la información que el propio TC difunde en su nota de prensa da lugar a una interpretación equivocada del alcance de la misma ya que la misma aborda únicamente la distribución competencial para establecer dichos permisos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Pero en ningún caso el Tribunal Constitucional entra a valorar si deberíamos tener derecho o no a los permisos que ya habíamos perfeccionado a la fecha de entrada en vigor de la norma que los elimina, algo que algunos Juzgados ya han reconocido para funcionarios o estatutarios de otras Administraciones, generando una nueva situación de desigualdad entre empleados públicos.

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Publicada la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

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Con esta nueva Ley se pone en marcha un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y a la tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones.

Además se incluye el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por residencia con inclusión de una tasa de 100€ (¿pero no iban a ser gratis todos los trámites del Registro Civil, Sr. Ministro?)

Por último conviene reseñar que la norma establece que la Ley 20/2011 (la que aprobó ZP para desjudicializar los Registros Civiles) entrará en vigor de forma generalizada el 30 de junio de 2017.

Esta disposición, ya anunciada por el Ministerio, nos concede un plazo de dos años para presionar a los partidos políticos a fin de que el Registro Civil quede en la órbita de Justicia, gestionado por Secretarios o Gestores.

A tal fin, y como no se puede perder tiempo, ya hemos mantenido una primera reunión con el actual portavoz adjunto en la Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en la que nos ha informado que coinciden con nuestro planteamiento y así lo van a defender. Esperemos que no sea una promesa de campaña electoral.

Publicada en el BOE de hoy la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

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Publicada la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Con esta nueva Ley vemos como el Partido Popular sigue con su afán de privatizar servicios públicos ya que entregar la tramitación de determinados asuntos a los Registradores o Notarios no puede ponérsele otro calificativo.

En algunos casos con la excusa de quitarlo a los Jueces (mismo argumento que el utilizado para intentar privatizar el Registro Civil) se lo otorgan a Secretarios Judiciales, pero con la trampa de que también podrán tramitarlos Registradores o Notarios.

En otros casos es mucho peor, directamente se lo dan de forma exclusiva a estos últimos.

Pero aún tendremos que esperar hasta tres meses para saber cuanto supondrán los nuevos aranceles que el Gobierno establecerá como pago a sus servicios (Disposición Adicional cuarta).

La privatización del Registro Civil fue un primer intento de conceder determinadas prevendas a estos mal llamados funcionarios públicos, ahora vemos, como se está concretando algo que ya advertimos, que venía una justicia de dos velocidades, según tengas o no recursos, cuando no una privatización por la que te obliguen a circular por una autopista de peaje.

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En el BOE de hoy se ha publicado la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

Hasta ahora los integrantes de este colectivo podían, al igual que el resto de los ciudadanos de cualquier nacionalidad, adquirir la nacionalidad española mediante los dos cauces ordinarios. Primero, probando su residencia legal en España durante al menos dos años (como los miembros de las naciones iberoamericanas), junto al correspondiente examen de integración.

Y, en segundo lugar, por carta de naturaleza, otorgada de modo discreccional cuando el interesado acredite circunstancias excepcionales.

Pues bien, ahora el Ministerio establece un nuevo sistema para poder adquirir la nacionalidad española para el colectivo de sefardíes, un sistema que se equipara al indicado trámite de “carta de naturaleza” al que se refiere el artículo 21 del Codigo civil. Un sistema, a nuestro entender, altamente farragoso, y con el “módico precio” de 100€. de tasa (¿será esto el precedente de más tasas para futuros tramites en los Registros civiles? mucho nos tememos que asÍ sea).

La entrada en vigor de esta norma será el próximo día 1 de octubre, fecha esta que consideramos clave en el futuro de la Administración de Justicia.

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Real Decreto 472/2015, de 12 de junio, por el que se determina el ámbito territorial de los Institutos de Medicina Legal de Ceuta y Melilla.

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Publicada en el BOE la Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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Imaginamos que en breve será actualizada la versión consolidada publicada en el BOE cuyo enlace os incluimos a continación:

ACCEDE AL CÓDIGO PENAL (pendiente de incluir esta reforma)

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha acaba de darnos la razón y reconocer el derecho de un compañero de nuestro sindicato a disfrutar de las vacaciones que no pudo realizar por estar de baja de larga duración.

A pesar del reconocimiento de este derecho en diferentes instancias judiciales, el Ministerio se empecinó en denegar el derecho y obligarle a acudir a los Tribunales.

Haría bien el actual Ministro en hacer que sea garante del cumplimiento de la legalidad y no nos obligue a acudir a los Tribunales en pleitos absurdos y que colapsan la Justicia.

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El pasado 23 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado".

Es un tablón edictal único que agrupará los avisos a ciudadanos que se publican en diversos boletines oficiales diferentes y que incluyen desde sanciones de tráfico hasta notificaciones de todo tipo que no se han podido llevar a cabo por otros medios, como correos certificados.

Únicamente se incluye en la versión online del BOE.

Estas notificaciones serán de acceso público durante tres meses, pasado ese tiempo se borrarán del escrutinio público y solo serán accesibles por parte del propio afectado o las autoridades judiciales.

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Publicada en el BOE la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

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