La imprevisión del Gobierno frenará unas semanas su afán recaudatorio en materia de tasas judiciales. La nueva Ley, publicada este miércoles por el BOE, prevé su entrada en vigor al día siguiente, es decir, este jueves, pero las tasas que establece no podrán cobrarse porque el Ministerio de Hacienda no ha aprobado aún el formulario preceptivo de autoliquidación del impuesto.

Según explicó a última hora de este miércoles el subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Bravo, el departamento comunicará "a partir de mañana" a los secretarios judiciales que, pese a la entrada en vigor de la norma, no podrán liquidar las tasas hasta la publicación de la orden ministerial de Hacienda que establezca el modelo de autoliquidación. Es decir, que de momento, y hasta dentro de unas semanas, no se cobrarán las supertasas.

En sus declaraciones, remitidas por el Ministerio de Justicia, Juan Bravo argumenta que las liquidaciones de las tasas no se pueden practicar hasta que se publique la orden de Hacienda, como prevé la propia Ley en su artículo 9.

La falta del modelo de autoliquidación en la Ley publicada hoy había alarmado al Consejo General de la Abogacia. En su págian web, habían colgado un comunicado destacando que su departamento jurídico, tras analizar la Ley, había detectado "la falta de publicación del modelo de autoliquidación de la tasa judicial".

Al tener conocimiento de la falta de modelo de autoliquidación de la tasa, el Consejo General de la Abogacía había remitido a los decanos de los 83 Colegios de Abogados de España una circular informando de esta falta de documentación para autoliquidar las tasas.

Tras la realización de las gestiones pertinentes, el Consejo señaló que había "podido saber que previsiblemente se publique en el BOE del 22 de noviembre el modelo de autoliquidación, que tendrá que presentarse junto con los escritos a los que se refiere el artículo 2 de la Ley de Tasas -referente al hecho imponible del tributo- todo ello de conformidad con los artículos 8 y 9 de la citada norma que se refieren a la autoliquidación y pago de la gestión de la tasa".

Sin embargo, de lo declarado por el subsecretario de Justicia se deduce que el formulario se retrasará todavía unas semanas. La Ley establece por primera vez el cobro de tasas a los ciudadanos particulares, por demandas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y laboral, que van desde los 100 a los 1.200 euros por pleito. Además, a esa cuantía deberá sumarse una cantidad variable dependiendo de la entidad económica de cada proceso.

Por otro lado,, el subsecretario de Justicia aprovecha en su declaración para defender la constitucionalidad de la Ley, puesta en entredicho por todas las asociaciones de jueces, fiscales, la Abogacía y casi todos los partidos políticos, incluido el PSOE, que ha anunciado recurso de inconstitucionalidad ante el TC.

El alto cargo del Ministerio señala que las tasas se ajustan "perfectamente a los parámetros" de la Constitución, ya que respetan el principio, establecido por el Tribunal Constitucional de acuerdo a la doctrina de los tribunales europeos, de que este impuesto es legítimo si es proporcionado a la capacidad económica de los ciudadanos.

En ese sentido, señala que la Ley de Tasas debe juzgarse paralelamente a la próxima Ley de Justicia Gratuita que el Gobierno está negociando con las comunidades autónomas, y que recogerá las personas que quedarán amparadas por la gratuidad de la justicia por su precaria situación económica.