Javier Llopis En un hipotético ranking de las grandes chapuzas alcoyanas, el nuevo palacio de justicia ocupa por derecho propio la primera plaza. Esta polémica obra lo tiene todo: grandes dosis de estupidez humana, su pizquita de misterios insondables y, sobre todo, una demostración magistral del viejo arte de derrochar dinero público. El tándem Peralta/Sedano se superó a sí mismo en este olvidado rincón del casco antiguo de Alcoy, dejando patente una vez más su letal poder de destrucción, sólo comparable al de una división panzer en plena invasión de Polonia.

Todos los demonios de la incompetencia se han dado cita en torno al viejo edificio de la Plaça de la Mare de Déu. Vayamos al principio. Miguel Peralta es conseller de Justicia y considera que Alcoy necesita unos nuevos juzgados. En una extraña demostración de patriotismo, el líder popular decide que su ciudad natal recibirá un tratamiento especial: si en el resto de la Comunitat es la Conselleria la que financia estos proyectos; en Alcoy, contra toda lógica, será el Ayuntamiento el que asuma íntegramente el coste. Estos planteamientos claramente discriminatorios son aceptados sin rechistar por el alcalde Jorge Sedano, que en posición de saludo le suelta a su jefe aquella frase tan alcoyana de "això ho pague jo!". De inmediato, la administración municipal se mete en faena, sin ni siquiera tener un convenio para permutar las nuevas instalaciones judiciales con las de la plaza de Al Azraq.

El proyecto inicial, con una inversión de un millón de euros, se termina en 2007. En plena campaña electoral, el Ayuntamiento del PP hace un intento de abrir las nuevas dependencias, que finalmente se ve frustrado por una razón de peso: el nuevo edificio, recién rehabilitado, no cumple ni de lejos las condiciones necesarias para albergar los servicios judiciales. Esta descomunal cagada obliga a construir un inmueble anexo y el coste de la obra se multiplica por tres, hasta situarse en torno a los 3,5 millones de euros.

En 2010 se acaban de forma definitiva las obras, pero el Vía Crucis continúa. Con la sana intención de cerrar cuanto antes este embrollo, el nuevo gobierno municipal de izquierdas inicia las gestiones para poner en marcha la nueva sede judicial. Tras un año de contactos infructuosos, los componentes del tripartito se encuentran con una desagradable sorpresa: antes de acometer el traslado, la Conselleria les exige el pago de 362.000 euros por ceder el edificio de la plaza de Al Azraq. En una impresionante demostración de jeta política, las autoridades autonómicas quieren llevarse gratis un flamante palacio de justicia que deberían haber pagado ellas y encima, ganarse un dinerillo extra. Por supuesto, el Ayuntamiento no acepta el chuleo y empieza a plantearse la posibilidad de dedicar el edificio a otros menesteres que nada tengan que ver con la justicia. Como era de esperar, el paso del tiempo y el vandalismo empiezan a tener su impacto sobre el presunto palacio, en el que aparecen ya las primeras señales de deterioro.

Tras siete años de despropósitos, la situación actual se puede resumir con tres conceptos fundamentales: Alcoy sigue teniendo los mismos juzgados tercermundistas y miserables de toda la vida, el Ayuntamiento se ha gastado 3,5 millones de euros en un carísimo viaje a ninguna parte y la ciudad dispone de un magnífico edificio rehabilitado en el casco histórico sin saber exactamente a qué va a dedicarlo.

Dado que la actual corporación está estudiando usos alternativos para este caserón abandonado, ahí va mi modesta propuesta: el nonato palacio de justicia sería el escenario perfecto para los despachos del flamante grupo mixto, integrado por Jorge Sedano y sus tránsfugas. En la soledad de Algezares, bajo las centenarias piedras del histórico inmueble, estos tres ediles podrían reflexionar con tranquilidad sobre las grandes preguntas del ser humano: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? y ¿cómo demonios es posible que hayamos perpetrado una chapuza de esta envergadura?

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