Un mes después de que JyP denunciara la supresión de la mitad de los partidos judiciales existentes, propuesta por el CGPJ para la Reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial (ver en nuestra web noticia de fecha 22 de marzo), el documento finalmente aprobado por el órgano de gobierno de los Jueces el pasado jueves, 19 de abril, que “contiene los principios y criterios básicos para una nueva demarcación judicial” está provocando denuncias por parte de algunos -los sindicatos mas representativos- que despiertan de sus letargos.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y no tiene que negociar con sindicatos de funcionarios que no pertenecen a su Gobierno, pero en JyP pensamos que los documentos que elaboran y que afectan a los funcionarios de la Administración de Justicia, aunque estos funcionarios no sean jueces ni fiscales, debieran remitirlos a los representantes de éstos, y no a los medios de comunicación que dan información parcial de su ámbito de comunicación, pero no del conjunto del estado.
En cuanto al documento aprobado en el Pleno, llama la atención que sus autores no acompañen ninguna propuesta o documento económico, no citen las fuentes consultadas, ni señalen con claridad donde se fijarán las sedes de los nuevos partidos judiciales, y que solo se basen en números y colores.
Desde JyP entendemos que la eliminación de partidos judiciales es igual a:
Movilidad geográfica forzosa del funcionario cuyo puesto de trabajo se puede trasladar a otro lugar;
Encarecimiento de la justicia al ciudadano;
Guerra política sobre la fijación de la sede de los nuevos partidos judiciales.
Sobre la modificación de la Planta Judicial habrá que estar muy atento a las sentencias del TC 56/90 y 62/90, y la cuestión es muy peligrosa porque el trámite puede ser rápido, sobre todo si tenemos en cuenta que un partido político goza de mayoría absoluta (Ejemplo, para nombrar el director de RTVE hacían falta dos tercios en el Congreso, pero como el partido gobernante no tiene tal representación, modifica la Ley y dice que con lo que ellos tienen basta, mayoría absoluta).
Se avecinan tiempos difíciles, tras el encarecimiento de la sanidad y la educación, ahora le toca a la justicia con la supresión de órganos judiciales. Los que tienen dinero no tendrán problemas con la sanidad; los que tienen dinero no tendrán problemas con la educación; los bancos y demás entidades financieras tendrán más juzgados cerca de sus sedes. En cuanto a los demás, no hay que ser alarmistas, porque los juzgados se están informatizando y los ciudadanos también, las pruebas testificales se realizaran mediante video conferencia desde la casa de los ciudadanos, y los juicios mediante ordenadores certificados por la Justicia, todo ello para que el ciudadano no tenga que desplazarse a kilómetros de su residencia… ( y hasta creemos que dentro de poco la educación se realizará de igual manera y las pruebas diagnósticas en medicina, también, que ya en la selva lo vienen haciendo), pura ciencia-ficción.
La conclusión a la que se llega con la nueva Demarcación y Planta Judicial, que se quiere desarrollar ahora por el Consejo General del Poder Judicial, es que éstos han cumplido, presuntamente, con su papel de desarrolladores de la obsolescencia programada u obsolescencia planificada1 , puesto que desde el año de 1985 hasta ahora, todo iba encaminado a un acercamiento de la justicia al ciudadano (en kilómetros), incluso con estudios, comisiones de expertos, conferencias, mesas de trabajo y demás dietas y desplazamientos para hablarnos de la justicia de proximidad, para ahora llegar a la conclusión de que nada vale y que todo a mas de cien kilómetros y donde haya muchos ciudadanos, que para unos pocos no se van a poner Juzgados. Nos encontramos con una planificación a la japonesa: crear algo, que en este caso no llegó a funcionar, y ponerse a crear algo nuevo. No nos podemos tomar en serio algo que con tanta seriedad se hizo y ahora se quiere derrumbar… ¿o sí?
(1)Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación, la planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que -tras un período de tiempo calculado de antemano, por el fabricante o por la empresa de servicios, durante la fase de diseño de dicho producto o servicio- éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible.
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