La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia ha hecho un llamamiento a la insumisión de los funcionarios judiciales para que no sean "cómplices" de los bancos y de los desahucios y facilitarán para eso un documento con el que puedan acogerse a la objeción de conciencia.

Así lo ha indicado el portavoz de la PAH Francisco Morote en la presentación del balance de las actuaciones realizadas por esta organización en los seis primeros meses del año, que se ha saldado con 25 paralizaciones de desahucios gracias a la presencia de activistas en la puerta de las viviendas embargadas y otros 25 retrasos en el proceso judicial a través de la negociación previa con el banco y con las entidades judiciales.

Este texto se distribuirá a partir de septiembre entre los trabajadores públicos de la administración de justicia, ha señalado Morote, que ha recordado una iniciativa similar que se ha llevado a cabo en el colectivo de médicos que se negaban a prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares tal y como se exigía desde el Gobierno de España.

"Este texto servirá para que se nieguen a ser cómplices de los bancos y de un sistema que está empobreciendo a las familias", ha señalado y ha confiado en que si hay una gran acogida de esta medida "los bancos y la administración judicial lo tendrán crudo para poner a familias en la calle".

En este sentido, ha recordado que el derecho a una vivienda digna está en muchos tratados internacionales y ha afirmado que desde las Naciones Unidas se prohíbe los desahucios forzados cuando no existe ninguna alternativa ocupacional para estas familias.

Morote ha denunciado que en la Región de Murcia no hay viviendas sociales pero sí numerosas casas vacías en manos de particulares y entidades financieras "que será difícil vender".

25 desahucios paralizados en seis meses

Por otra parte, la miembro de la plataforma y activista en los grupos de apoyo, Sandra Martínez, ha explicado que en los seis primeros meses del año, la PAH ha paralizado 25 desahucios con la presencia de los activistas en la puerta de las viviendas de las familias afectadas, evitando el acceso de la comisión judicial a ellas, el primero de ellos el 10 de enero de 2012 y el último de ellos el 11 de julio de este año

Asimismo, la Plataforma ha paralizado un número similar de desahucios a través de los juzgados o por medio de la negociación con los bancos. No obstante, Martínez aclara que esta paralización no da lugar necesariamente como resultado a un alquiler social --por debajo de la renta de mercado-- o dación en pago como alternativa, sino que simplemente se paraliza durante un mes para llevar a cabo la negociación entre las partes.

De hecho, la Plataforma sólo ha logrado en lo que va de año tres acuerdos con los bancos para lograr un alquiler social o dación en pago, y el procedimiento del desahucio, en el resto de casos, sigue adelante, por lo que los afectados recibirán una notificación. No en vano, Martínez adelanta que la Plataforma tiene constancia de otras cinco notificaciones en septiembre, y está tratando de negociar en otros cinco procedimientos.

En este sentido ha recordado que la Plataforma inició a partir de abril los denominados grupos de apoyo que tienen lugar todos los martes, a las 17.00 horas, en la Asociación de Vecinos de San Andrés. En estas reuniones, más de 100 familias se han acercado a la Plataforma para buscar información y formación, así como para ver cuáles son las opciones que tienen a la hora de negociar con el banco.

Martínez destaca que la Plataforma no ha podido parar todos los desahucios en 2012 y, en concreto, tres de ellos terminaron ejecutándose, uno de ellos en el barrio de Los Mateos (Cartagena), y otros dos en Las Torres de Cotillas.

Los dos primeros no se pudieron detener por la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, respectivamente, y el último por un problema en la notificación, ya que el desahucio se llevó a cabo a las 17.30 horas, cuando la hora fijada eran las 10.00 horas.

"Se llamó al Juzgado, que informó que no se iba a llevar a cabo el desahucio ese día". Sin embargo, el nuevo propietario de la vivienda, un particular, tomó posesión de la casa a las 17.30 horas, añade Martínez, quien asevera que el asunto ya ha sido denunciado.

Datos del CGPJ

En base a la memoria presentada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los primeros tres meses del año, de enero a abril de 2012, se han ejecutado en la Región de Murcia 1.175 desahucios y, en ese mismo periodo, se han iniciado 1.471 procedimientos de ejecución hipotecaria.

De 2007 a 2011, el número de familias desahuciadas en la Región asciende a 17.414, según los datos del CGPJ, pero Martínez explica que este dato es en realidad "muy superior", ya que hasta 2012, el CGPJ "no incluía en los datos oficiales los desahucios que se llevaban a cabo por juzgados que no tenían servicio común de notificación y embargo, en algunos municipios".

Martínez se muestra pesimista y considera que esta situación "no tiene pinta de mejorar", porque los datos "son muy duros", y reflejan, por ejemplo, que el número de parados en la Región de Murcia es de 144.548, un 26,19 por ciento de la población activa, mientras que el 35,9 por ciento de la población de la Comunidad se encuentra en el umbral de la pobreza, hasta 525.000 personas.

Estos datos, critica, se contradicen con el hecho de que en la Región de Murcia había en 2001 un total de 85.596 viviendas vacías, el 14,4 por ciento del total, según los últimos datos oficiales que están en manos de la Plataforma.

En 2008 habría "112.000 viviendas vacías en la Región de Murcia, sin contar todos los desahucios que se han ejecutado desde 2008 hasta 2012", añade. Estos datos dejarían a Murcia como la quinta comunidad autónoma con más viviendas nuevas sin vender, hasta un total de 30.183 viviendas.

Por tanto, ha aseverado que hay 17.414 familias desahuciadas sin tener ninguna opción o alternativa ocupacional, mientras que la Región "carece casi por completo de un stock de vivienda pública, y el poco que hay cuenta con unas listas de espera interminables". Todo ello, "habiendo más de 112.000 viviendas vacías, el 14,4 por ciento del total".

Martínez lamenta que, en este momento, a las familias se les solicita tres nóminas para acceder a las viviendas, con el fin de que puedan avalar el pago, y les piden ingresos por adelantado de dos o tres meses, a lo que no pueden hacer frente". Asimismo, asevera que las familias desahuciadas no pueden acceder a alquileres a precio de mercado.

Por ello, insiste en la importancia de negociar con el banco para persuadirles de que, antes de quedarse con una vivienda vacía, se pueda dar de alquiler a la familia por un precio módico y simbólico que la familia pueda pagar, como por ejemplo del 30 por ciento de los ingresos que tenga la familia".

Iniciativa Legislativa Popular

Por otra parte, la PAH lleva 13.000 firmas recogidas en la Región de Murcia de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada para cambiar la Ley hipotecaria con el fin de que recoja el alquiler social y la dación en pago sin necesidad de ser acordada previamente con el banco.

Morote se ha mostrado confiado en que la Plataforma va a superar "ampliamente" el número de firmas requeridas, ya que las plataformas de afectados de toda España llevan recogidas más de 200.000 firmas.

El objetivo es cumplir la cifra de 500.000 firmas requeridas para sacar adelante esta Iniciativa antes del próximo 31 de octubre. Así, ha adelantado que la Plataforma se va a retomar "ávidamente" la recogida de firmas en septiembre para cumplir su compromiso de recabar 30.000 firmas en la Región".

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