Ayer se reunión en Madrid la conferencia sectorial de Justicia donde participa el Ministerio y las CCAA con competencias en Justicia.

De esta reunión el Ministerio ha sacado una nota de prensa en la que hacen las siguientes afirmaciones a las que contestamos desde Justicia y Progreso:

• Se garantiza a las Comunidades Autónomas que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito. Nadie se cree esta afirmación, a título de ejemplo hace unos días se publicó la encomienda de gestión a Registradores por el módico precio de 4 millones de euros.
• Asegura que los funcionarios no perderán sus puestos de trabajo. Obviamente los titulares no podrán perderlos, pero estamos seguros que habrá eliminación de plazas del personal interinos, si no al tiempo.
• Defiende que los autos y expedientes judiciales se puedan destruir seis años después de la resolución del proceso. Quizás si ya tuviéramos el expediente digital esa decisión no sería necesaria.
• Este año habrá 2.026 nuevas plazas para la Administración de Justicia. Es mentira dado que esas plazas ya existen y están vacantes desde hace años. Además se olvidan de indicar que aún quedarían 7.500 plazas en esta situación de interinidad intolerable.
• Se destinarán seis millones de euros a las Comunidades Autónomas para asistencia jurídica gratuita y nuevas tecnologías. Vamos que de los 500 millones de euros recaudados por tasas, solo se invierten 6.
• Señala la Justicia digital como uno de los principales objetivos para 2016. Ahora ya no dicen que "no habrá papel en Justicia en el 2016" sino que es un objetivo, a todas luces inalcanzables.

En conclusión, todo un ejercicio de venta de imagen intolerable.

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Publicada en el BOE la Resolución de 6 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia.

Es curioso observar como el período de dicha encomienda va desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014, sí de 2014.

Esta encomienda no es gratis para las arcas del Estado, suponen un abono a los Registradores de 4.000.000€

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Como ya venimos informando, el regalo del Registro Civil a Registradores y los actos de comunicación a Procuradores no son las únicas decisiones de este Gobierno en la privatización de la Justicia, ahora nuevamente se recuerda que en la tramitación del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, se ha decidido que bodas y divorcios puedan ser gestionadas por notarios.

Nuevamente el argumento del Ministerio es que los notarios "son funcionarios públicos" algo que desde Justicia y Progreso rechazamos de plano. Los funcionarios públicos somos aquellos que percibimos nuestras retribuciones del Estado y no a través de aranceles.

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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comenzado el martes pasado una nueva ronda de contactos con los representantes de los operadores jurídicos coincidiendo con el comienzo del trámite parlamentario de los principales proyectos del Ministerio.

Suponemos que dichos contactos se llevan a cabo para intentar "suavizar" la oposición que el Gobierno está encontrando en determinados temas.

Como siempre ocurre, las primeras reuniones se llevan a cabo con las organizaciones más afines: en Fiscales, la Asociación de Fiscales; en Secretarios, el Colegio Nacional de Secretarios y en funcionarios el sindicato csif.

Como veis en los enlaces que os hemos puesto, las reuniones parecen poco más que buenas palabras y ninguna novedad. Tan solo merece resaltar como curiosidad el que se cambie el cargo de uno de los asistentes, el Subdirector de Medios Personales, para llamarle ahora "secretario general de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia". Vamos, que no sepan el cargo de un funcionario del propio Ministerio es una pista de la competencia de quien nos gobierna.

A continuación os incluimos el enlace a la denuncia pública hecha desde IU en la que se pone de manifiesto los oscuros intereses que rodean la privatización del Registro Civil y su encomienda a los Registradores Srs. Rajoy Brey y compañía.

Las sospechas sobre la forma de actuar la venimos denunciando hace mucho tiempo y coincidimos plenamente con lo aquí denunciado.

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Puede que algunos no creáis del todo lo que se está denunciando, pero los hechos son tozudos y la aprobación en el Congreso de la nacionalidad para los sefardies indicaría que serán los Registradores y Notarios los encargados de la misma y que no se va a cobrar una tasa de 75€ como venía en el proyecto inicial. Esto podría hacer pensar a más de uno que es un ejemplo de que va a ser gratuito, pero no, ahora se habría establecido el establecimiento de aranceles para su tramitación de forma que irán directamente a las arcas de estos señores.

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Situaciones como la que hace días hemos venido leyendo en la prensa y que hoy publica en su portal el Consejo General del Poder Judicial, provocarían en cualquier país que se calificara como democrático la dimisión del Presidente del Partido acusado por el Juez de financiación irregular, pero en España esto no ocurre, es más el Ministro de Hacienda se le ocurre decir que ellos son como Cáritas. Por favor, un poco de decencia, si es que saben lo que es.

Y está claro el motivo del por qué no ocurre, porque fácilmente olvidamos qué han hecho los que nos gobiernan y cuando concurren a un proceso electoral les seguimos votando como si nada hubiera ocurrido.

Os ponemos el enlace a la noticia sobre la conclusión del Juez Ruz de la instrucción de proceso conocido como "papeles de Barcenas" así como un resumen del auto dictado.

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Resumen auto 23 marzo 2015

"Al Cesar lo que es del Cesar", queremos iniciar esta breve referencia haciendo un reconocimiento al político que siempre ha estado hurgando en la privatización del Registro Civil y los oscuros intereses que supone la misma. Este político no es otro que Gaspar Llamazares.

Hace más de tres años ya empezó denunciando la situación que pretendía imponer al entregarlo a los "altos funcionarios" del Estado, ahora con el tiempo otros partidos se suman a esta campaña de denuncia, y nos alegramos, esperemos que no sea demasiado tarde y con el único fin de lavarse la cara.

A continuación os incluimos un artículo de Cuarto Poder donde se recogen claramente las compensaciones que recibirán los Registradoros por este suculento negocio.

Quizás de una vez por todas deberíamos empezar a plantearnos si los mal llamados "funcionarios públicos" Registradores deben cobrar por el sistema de aranceles o un sueldo como cualquier empleado público, nuestra apuesta es clara, los señores feudales deben desaparecer de nuestra sociedad.

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En la prensa del pasado viernes se recoge la noticia de que "Jueces para la Democracia (JpD) ha desistido de la demanda que presentó en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial por la sobrecarga de trabajo y la falta de un plan de prevención de riesgos laborales tras llegar a acuerdos con ambos organismos"

Parece que sus señorías no han tenido que esperar los largos vericuetos de los procedimientos judiciales y han conseguido lo que se proponían con el mero hecho de presentar una demanda.

Según dicen los dos ejes sobre los que pivotaba la demanda estarían en vías de solución; el plan de prevención de riesgos se estaría en fase de configurarlo y se ha adquirido el compromiso de revisar el baremo de asuntos que un Juez puede asumir.

Nos alegramos por este éxito de los Jueces pero, ¿cómo es posible que un Juez se queje de que lleva un 150% de asuntos en su Juzgado y luego es capaz de sustituir uno o dos Juzgados con esa misma sobrecarga? no lo entendemos. Pero más nos preocupa aquello que nos afecta a los que allí trabajamos ¿qué pasa con los funcionarios que también soportamos dicha sobrecarga de trabajo? Imaginamos que en eso no entrará el CGPJ y el Ministerio poco o ningún caso hará.

Esperamos que una vez más no seamos nosotros los que recibamos las consecuencias de la solución a los problemas de los Jueces.

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El lunes, infolibre.es publicó un artículo del notario Javier Martínez del Moral en el que se explica de forma clara, concisa y contundente, la privatización del Registro Civil y cómo el lobby de Registradores va a recibir suculentas compensaciones por asumir las competencias de este servicio público.

Esta historia se asimila mucho a truculentas intrigas con grandes intereses, sociedades poco o nada transparentes receptoras de grandes beneficios, lazos familiares inconfesables y tramas políticas que dejan mucho que desear.

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Si queréis profundizar un poco en las relaciones del actual Presidente del Gobierno con esta historia, os recomendamos la lectura del artículo publicado en la Revista Atlántica allá por 2011. ACCEDE AL ARTÍCULO

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