Hoy hemos empezado la semana con una noticia que nos ha dejado atónitos.

El País ha sacado en portada la noticia de que "El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros".

Seguramente dicha medida se ajustará a la legalidad, eso esperamos, pero sería bueno que por higiene el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid dieran explicaciones sobre estas circunstancias y llegado el caso asuman responsabilidades políticas.

Como vemos, aquí el que no corre, cobra.

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Ya lo sabíamos, nunca han tenido el más mínimo pudor en disimularlo, pero esto ya supera los tintes de escandaloso para empezar a poder ser otra cosa y sobre el que si en este País existiera el más mínimo pudor se debería estar investigando.

La noticia no tiene desperdicio, ahora ya no solo es hacer un proyecto de Ley a la medida de los Registradores, sino dejarles directamente a ellos que lo redacten.

En Justicia y Progreso nos preguntarnos, ¿Para qué quieren tantos asesores en el Gobierno y tantos Parlamentarios si luego el trabajo lo hacen los propios interesados?

Los Registradores redactaron las enmiendas del PP por las que se quedan con el Registro.

¿Se pueden subcontratar las enmiendas que presenta un grupo parlamentario a un proyecto de ley remitido por el Gobierno? La respuesta es sí. Al menos, eso es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario popular a la hora de enmendar el llamado proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de la Justicia y del Registro Civil, más conocido como el texto legal que pone en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad la gestión de los registros civiles....

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Si estáis interesados en las actuaciones que los compañeros de los diferentes Registros Civiles están llevando a cabo os recomendamos que los sigáis en PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES.

En el BOE de hoy se ha publicado la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de concesión de obra pública titulado: Redacción de proyecto de ejecución, construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

Sería conveniente que alguien aclare si el sistema ahora licitado es un modelo equiparable a otras ciudades de la Justicia en las que se concede a alguna UTE su construcción y posteriormente su explotación, con el consiguiente alquiler durante 30 o 40 años para no abonar inicialmente el costo de la obra pero que supone el endeudamiento de unas cuantas generaciones.

El Presupuesto base de la licitación es la nada despreciable cantidad de 1.752.585.493€

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En primer lugar hemos visto como el Ministro de Justicia dice que ha comunicado a los abogados que reformará las tasas.

El Ministro parece que no quiere entender que no nos conformamos únicamente con la reforma, hay que derogar las tasas para personas físicas, tal y como exigimos los que participamos activamente contra esta injusticia.

Además le recordamos que deben eliminar la obligación de comparecer representados en los Juzgados Contenciosos a los funcionarios públicos en cuestiones laborales y la eliminación de la condena en costas para este tipo de procedimientos.

Después hemos visto como les ha anunciado también que abogados y juzgados se comunicarán vía internet antes de final de año algo que no nos ha sorprendido mucho ya que se viene haciendo de forma "voluntaria" en algunos Juzgados para agilizar la Justicia pero sin el impulso de las Administraciones competentes, ya era hora. Quizás nos sorprendió más el anuncio que hizo de que las comunicaciones con particulares se iban a hacer con sms o mensajería instantanea. Debe ser que no tiene mucha idea de la realidad de los Juzgados de todo el territorio.

No queremos acabar sin hacer mención del gran piropo que ha lanzado a los compañeros de su Jefe (Sr. Rajoy) cuando
 asegura que los Registradores cumplen una "función social" y son "garantes del Estado de Derecho". De verdad, que no estamos en el Club de la Comedia.

Un secretario de un juzgado de Mataró (Maresme) se ha enfrentado a una petición de dos años y ocho meses de cárcel y de nueve años y medio de inhabilitación, acusado de ordenar a los Mossos d'Esquadra el desalojo de una vivienda okupada de la localidad, sin la autorización del juez.

En pocos días hemos conocido dos hechos que ponen en cuestión los controles que se establecen sobre las actuaciones de determinados responsables de la Secretaria Judicial.

Queremos pensar que son dos hechos aislados, extraordinarios y que estamos seguros no pone en evidencia a los Secretarios Judiciales, pero estamos preocupados tras conocer hechos como los que a continuación se relatan.

Primero nos despertamos con la publicación en el BOE de la pérdida de la condición de funcionaria de una Secretaria Judicial por un delito contra la Administración de Justicia en concurso medial con un delito contra la Administración Pública, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Posteriormente estos hechos son concretados en el día de ayer al publicar una noticia el periódicos el País.

Por otro lado hemos conocido los hechos que han supuesto la detención de otra Secretaria de los Juzgados de Madrid tras supuestamente desviar dinero durante 11 años.

Si el primer caso da que pensar, el segundo, de quedar demostrado, estaría dejando en evidencia la inexistencia de controles efectivos para que estas cosas no puedan ocurrir.

En la revista Interviú de este lunes se ha publicado un artículo que refleja la realidad de los Juzgados y los que allí trabajamos.

A diferencia de otras veces en las que parece que los únicos actores son los Jueces, en el artículo se recoge lo que los funcionarios debemos aguantar.

En el mismo se refleja que "la sobrecarga de trabajo en los juzgados de toda España pasa una factura muy cara a la salud de los jueces y de los funcionarios de justicia. Los funcionarios acusan bajas por estrés debido a un horario prolongado y a responsabilidades que no les corresponden"

En el artículo podéis leer la denuncia que hacemos desde nuestro Sindicato en el sentido de que "es tal la carga de trabajo que están soportando los compañeros durante años, que llega un momento en el que muchos explotan. Hemos detectado que el año pasado se incrementaron las bajas laborales, principalmente por trastornos de la ansiedad y estrés. En 2012, cuando se implantaron los descuentos en la nómina durante la baja laboral, el número de bajas se redujo, pero la salud está por encima del dinero y ahora la situación es insostenible".

No queremos acabar sin agradecer a este medio de comunicación que haya sabido reflejar la verdadera realidad de los Juzgados y no lo que algunos otros quieren vendernos.

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El pasado viernes se nos anunció que la Generalitat nos iba a pagar los 44 días de la paga extra de 2012.

A diferencia de Jueces y Secretarios que lo cobran en la nómina de enero, en nuestro caso se dijo que iban a negociar con los Sindicatos.

Sorprendidos vimos como la mesa de negociación se convocaba para el lunes y ese mismo lunes se acuerda el pago en la nómina de marzo (o quizás abril).Estas son las cosas de los años electorales.

En Justicia y Progreso nos hubiera gustado más que el anuncio fuera por la devolución total de la paga extra a que tenemos derecho, pero parece que de momento deberemos esperar un poco más.

Quizás deberíamos aprovechar la oportunidad y no quedarnos esperando a ver que tienen a bien otorgarnos nuestros gobernantes.

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Mientras a nosotros y al resto de la ciudadanía nos piden sacrificios, ellos siguen sin reducir el número de asesores, a pesar del compromiso que manifestaron en la campaña electoral del 2011 (una más).

Es curioso ver como no solo no se han reducido asesores sino que se han incrementado de 150 a 152 y alguno de ellos en el Ministerio de Sanidad que tiene las competencias transferidas a las CC.AA.

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, vemos que se ha incrementado el gasto en estos cargos puestos a dedo en un 18% (dicen que porque en 2012 tuvieron la rebaja correspondiente al robo de la paga extra, olvidan decir que esa rebaja fue unicamente del 5%) entre 2012 y 2013.

Como veis una nueva tomadura de pelo.

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