El diario digital Público ha hecho publico un reportaje donde recoge la calamitosa situación de la justicia tanto en lo que hace referencia a las instalaciones en que debemos trabajar, los retrasos en señalamientos que vienen produciéndose y las decisiones de los gobiernos que afectan directamente al funcionamiento de nuestra administración.

Este artículo recoge la campaña que lleva un tiempo realizando Verónica del Carpio y que publica en twitter y en su blog.

Parece que algunos ya saben con detalle el contenido de la nueva LOPJ, algo que era de esperar ya que el nuevo Secretario General de la Administración de Justicia es de ese Cuerpo funcionarial y Presidente de esa asociación profesional durante 12 años.

De lo que anuncia una Asociación e Secretarios que les van a cambiar el nombre (trascendental para el futuro de la Administración de Justicia) haciéndoles directores de las Oficinas Judiciales.

También indican que desaparecerán las categorías y la reforma de su régimen disciplinario.

Además celebran que se implante el pernicioso sistema de sustituciones de Jueces y Fiscales que hará que haya Secretarios "presentes" en las actuaciones procesales, consiguiendo por fin el don de la ubicuidad.

Acaban indicando que por fin podrán afrontar con el Ministerio los temas relacionados con ellos. Es curiosa esta afirmación cuando hasta ahora han podido hacerlo sin ningún reparo ya que de forma habitual se "evitaba" la legalidad, y los temas relaciones con los Secretarios, nunca o casi nunca se llevaban a mesas de negociación con los sindicatos representativos.

¿Y de lo nuestro? Poco o nada, habrá que esperar un poco más.

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En el BOE de ayer se otorgó la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al anterior Ministro de Justifica, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.

Somos conocedores que esta se otorga de forma ordinaria dos veces al año, en San Juan y el Día de la Constitución.

Dicen que se concedo por "circunstancias y méritos especialísimos". ¿Cuales son estas? ¿Haber cercenado el cumplimiento del artículo 24 de la Constitución, en el día de su celebración al haber establecido tasas por acceder a la Justicia para personas físicas? Vergüenza de Gobierno.

La Cruz nos la tendrían que otorgar a todos los ciudadanos por haber tenido que soportar a tan infausto Ministro.

Como os informábamos ayer, hoy aprobará el Consejo de Ministros el Anteproyecto de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la Justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesal y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.

La reforma que ahora se plantea es inviable con los actuales medios de que disponemos en la Administración de Justicia, el nuevo Ministro de Justicia no acierta ni una, ¿o sí?

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ANTEPROYECTO APROBADO EN CONSEJO DE MINISTROS.

Si no tenemos medios, si los medios los controla el poder político, si se ponen plazos imposibles de cumplir, lo que se se va a hacer es favorecer la impunidad.

Entre los días 1 y 3 de diciembre se han reunido en Valencia los Jueces Decanos de toda España.

En estas jornadas han redactado un documento en el que se incluyen unas conclusiones recogidas en los siguientes puntos:

1. Hacia una ley de segunda oportunidad.
2. 57 medidas contra la corrupción.
3. Capacidad de anticipación para reforzar Juzgados.
4. El nuevo panorama judicial en materia de consumidores.
5. La preocupante situación de los Juzgados de lo Social en España.
6. Experiencias de éxito en Decanatos.

En las mismas ponen de manifiesto la falta de medios de que adolecen y que todos conocemos y sufrimos.

Sería bueno que el Poder ejecutivo y el conjunto de los partidos políticos tomaran nota de las propuestas que formulan y que muchas de ellas se basan en la experiencia diaria, y empezaran a poner soluciones encima de la mesa para conseguir una Justicia adecuada.

Os recomendamos una lectura de las mismas.

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El nuevo Ministro de Justicia ha pisado a fondo el acelarador reformista y ha anunciado que antes de final de año va a presentar reformas de:

• La Ley Orgánica del Poder Judicial.
• La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sobre la primera indica que se mantendrán los actuales partidos judiciales pero con una modificación del "reparto de asuntos provincial" para así distribuir de forma equitativa el número de asuntos. Veremos si esa forma de actuar no hace que los ciudadanos deban realizar largos desplazamientos de unos partidos a otros.

Sobre la segunda reitera la intención ministerial de "eliminar el catalogo de faltas", que no significa otra cosa que hacer pasar las fatlas del ámbito jurisdicción al administrativo.

También anuncia que va a reformar la ley de tasas, pero no para eliminar su exigencia a las personas físicas como reclamamos la mayoría de los actores jurídicos para así no impedir a los ciudadanos el acceso a la tutela judicial efectiva, sino para "modularlas".

También anuncia la implantación total de la Nueva Oficina Judicial en todo el ámbito gestionado por el Ministerio, sin aún haber corregido los errores demostrados en los sitios donde ya lleva funcionando unos años.

Veremos si finalmente no aparecen otras reformas sorpresa que nos perjudiquen nuevamente a los trabajadores, habrá que recordar que aún no se ha firmado el "acuerdo alcanzado por tres de los sindicatos" que negocian en Madrid, algo que ya empieza a ser preocupante.

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Los Escalafones de activos y excedentes de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, se encuentran publicados en el Portal del funcionario de la Administración de Justicia, dentro del Área privada.

Dirección del portal: www.administraciondejusticia.gob.es

Este acceso solo pueden realizarlo los funcionarios destinados en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia, no así los que están destinados en las CCAA con gestión de medios personales.

Muchos nos preguntáis por qué no son públicos nuestros escalafones cuando sí lo son los de Jueces.

Pues la respuesta es que en su momento hubo una denuncia por parte de una persona muy vinculada a un sindicato que supuso una sanción por la agencia de protección de datos a quién dio publicidad de forma altruista a través de una página web.

Desde entonces estos escalafones están "vetados" a gran parte de funcionarios.

Justicia y Progreso exigimos que se de publicidad a los mismos ya que es necesario para saber quienes tienen más antigüedad y así mayor derecho a ocupar plazas en concursos de traslado y otras formas de provisión.

Hemos visto en la prensa como la Comunidad Navarra no invierte apenas en Justicia equiparando la inversión actual a lo presupuestado en 2006.

Con esta falta de interés por parte de nuestros gestores, la Administración de Justicia no puede funcionar.

Creemos que la solución no pasa por anunciar, como ha hecho el nuevo Ministro de Justicia, que "sacará de los Juzgados las denuncias sin autor conocido" para, dicen, reducir la saturación de los Juzgados, con los problemas que esto puede suponer para la investigación de hechos delictivos por parte de los Juzgados.

Como veis los políticos no tienen ningún problema en hacer "desaparecer" la Administración de Justicia, bien retirando parte de las competencias asumidas hasta la fecha, bien entregándola a sus amigos en forma de privatización descarada.

Demuestran con hechos lo que ya sospechábamos hace tiempo, que a ellos poco les importa nuestro funcionamiento, y si no funcionamos mucho mejor.

Necesitamos un cambio, un cambio profundo, un cambio de concepto y de organización, pero no podemos seguir así por más tiempo, la sociedad demanda respuestas a la Justicia y esta no las está dando actualmente, a pesar del empeño y la buena voluntad que podamos poner los que en ella trabajamos.

Estos días hemos conocido como un Juzgado de La Laguna lleva dos años reclamando un escaner para seguir tramitando las causas que le competen.

Quizás empieza a ser el momento de replantearse qué Justicia queremos.

En Justicia y Progreso apostamos por una Justicia independiente, con medios propios y capacidad para dar respuesta a las necesidades que se plantean sin que estas obedezcan a voluntades políticas.

Esta situación solo se producirá cuando el Poder Judicial tenga competencias sobre los medios materiales y también personales, y no hablamos solo de Jueces, somos de la opinión que también deberían gestionar al resto de funcionarios públicos que prestamos nuestros servicios en dicha administración.

Solo así conseguiremos un poder judicial verdaderamente independiente, más allá de una mera declaración formal sobre el papel.

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