La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha remitido al Consejo del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles los borradores de los proyectos de Real Decreto por el que se modifica la demarcación notarial y registral.

La que mayores cambios introduce llevan a la unión de registros y a la desaparición de otros, generalizándose los Registros compartidos por varios registradores.

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En total parece que la intención de Atila-Gallardón es hacer desaparecer 225 plazas. Esperamos que no sea un plan para favorecer los intereses de algunos registradores de "ilustre nombre".

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Trabajadores de Justicia, algunos ataviados con chalecos de emergencia y mascarillas, han exigido al Ministerio de Justicia ante las puertas de los Juzgados en Guadalajara una solución a las deficiencias y riesgos de salud a que se ven sometidos diariamente funcionarios y usuarios ante la falta de control en materia de salud y seguridad laboral.

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La pasada semana se reunión los Jueces Decanos como conclusión de dicha reunión se Criticó que la Justicia, con mayúsculas, no sea una prioridad para el Gobierno

"A los jueces decanos no les gusta la reforma impulsada por Gallardón ni en su contenido ni en su espíritu. El informe de la comisión nacional de jueces decanos sostiene que la Jurisdicción Universal "estaba bien como estaba", aunque su análisis más crítico incide en lo que la nueva ley va a cambiar, para los ciudadanos y para los jueces mismos."

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Curiosamente, y tan preocupados como están por el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, tan solo hacen una vaga referencia a la Oficina Judicial para pedir que ellos sean quienes la "controlen".

Quizás si plantearan que el personal de la Administración de Justicia fuera personal al servicio del poder judicial, en una auténtica separación de poderes, podríamos coincidir en sus propuestas.

Actualmente tan solo hacen un análisis muy superficial de los problemas que atañen al buen funcionamiento de los Juzgados, no atacando la raíz del problema y preocupándose tan solo de su "independencia".

Funcionarios y trabajadores de los Juzgados de Puertollano, con la presencia de nuestro sindicato, se han concentrado esta mañana ante las puertas de la sede judicial en protesta por el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Gobierno de la Nación, al entender que constituye un “claro insulto” a los funcionarios y un “ataque sin precedentes” a la ciudadanía y al empleo en los tribunales. Según los manifestantes, la reforma podría conllevar “una amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica u obstaculizacion de la carrera profesional”. Además, se limitan al 30 por ciento las plazas de promoción interna, “lo que supone coartar el derecho a la carrera profesional”, aseguran.

En la protesta también subyacía el malestar y la incertidumbre ante el futuro de los registro civiles, que podrían pasar a manos de los registradores de la propiedad. En este sentido, consideran “intolerable” que el Registro Civil esté siendo objeto de “pública subasta y privatización encubierta, tras casi año y medio de indeterminación y de opacidad” sobre su futuro.

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Hemos visto en la prensa la noticia que indica el titular de esta información.

Esperamos y deseamos que no sea un nuevo pufo en el que nos engañen una vez más como ocurrió en 2013 cuando nos vendieron la moto haciendo culpable al Gobierno central al establecer el tipo impositivo de este impuesto en el 0%.

Desde Justicia y Progreso entendemos que debería aclararse ya en la mesa de negociación la forma en que se distribuirían los fondos recaudados en caso de no alcanzar el total de lo detraido.

No podemos admitir la explicación que publicó en la intranet el Secretario General en la que dejaba hasta el mes de octubre la toma de decisión al respecto, ya que no queremos fiar a tan largo plazo la decisión. No nos fiamos de las argucias que puedan utilizar, no olvidemos que en Justicia hemos sido los más castigados con el robo de las extras de 2013 y 2014.

Además exigimos que los altos cargos renuncien explícitamente a su paga extra, si no se recauda por el total. No es lo mismo la paga de señores que cobran entre 80.000 y 130.000€ anuales que lo que percibimos la gran mayoría de los que trabajamos en la administración en Cataluña y con lo que a duras penas podemos llegar a final de mes.

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Esperamos y deseamos que no sea una cortina de humo.

Nos hubiera gustado más que la decisión hubiera sido fruto de la presión que hemos ejercicio trabajadores y ciudadanos, pero a la vista de todos está que las movilizaciones han sido testimoniales en muchos casos.

Justicia aplaza la ley del Registro Civil al no encontrar quien asuma la gestión

La incapacidad del Ministerio de Justicia de sacar adelante su Ley de Registros —que anunció hace año y medio y sigue parada— está a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley debía entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, para dar cumplimiento a un mandato del Congreso de 2011. Pero ni está lista ni se la espera: el ministerio no logra ponerse de acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para que asuma —gratis— el trabajo de gestión de los registros civiles que ahora realizan jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo, Justicia estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una prórroga in extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una salida al bloqueo.

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El personal ejemplifica la Justicia que quiere Gallardón, «maniatada»

Los funcionarios de Justicia protagonizaron ayer una nueva jornada de protesta a las puertas de los Juzgados de Ciudad Real, donde convocados por la Junta de Personal formaron una cadena humana maniatada para ejemplificar la Justicia que, dicen, quiere el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo aseguraron tras reiterar que los planes de privatización que planea del Gobierno afectarán al bolsillo de los ciudadanos, ya que, según sus cuentas, en un futuro no muy lejano al menos el 30% de los trámites que ahora son gratuitos dejarán de serlo.

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En la actual situación de desánimo, muchas veces pensamos que es imposible conseguir aquello que nos proponemos.

Desde hace mucho tiempo venimos combatiendo las tasas judiciales y hemos luchado para que sean eliminadas.

Ahora vemos con esperanza como se ha conseguido la eliminación de las tasas catalanas para personas físicas y pequeñas empresas.

Nos alegramos de este éxito que demuestra que cuando algo es injusto se puede "derrotar".

La Justicia catalana no cobrará sus tasas a ciudadanos y pequeñas empresas

El Departamento catalán de Justicia no cobrará tasas judiciales a los ciudadanos y a las pequeñas empresas, según un acuerdo alcanzado ayer con representantes de los abogados y procuradores de la comunidad. Según informó Justicia en un comunicado, el acuerdo, alcanzado tras semanas de negociaciones, excluye a las personas físicas y a las pequeñas empresas de la aplicación de la tasa para la prestación de servicios personales y materiales aprobadas por la Generalitat, que oscilan entre los 60 y los 120 euros.

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No negaremos que a algunos nos ha sorprendido conocer que los Abogados del Estado, igual que otros altos funcionarios públicos, pueden compatibilizar su trabajo en la Administración con un trabajo por las tardes.

Esta información la hemos conocido a través del diario El País

Es curioso que mientras a nosotros nos robaban en 2012 la paga extra, el Gobierno del PP introdujo una disposición final en la que autorizaba a los funcionarios de nivel 28 a pedir la compatibilidad. Es decir, que técnicos comerciales, abogados del Estado… podían solicitar trabajar por las tardes en despachos privados a cambio de una reducción de salario, cuando a nosotros (las escalas inferiores) se nos impide, por incompatible, desarrollar un segundo trabajo de aquello que sabemos.

Esta situación es un trato de favor a determinadas élites y en concreto a aquellos que, proviniendo de la Abogacía del Estado, se dedican al ámbito de lo público.

Creemos que esta situación es un escándalo más que produce una mayor desafección hacia la política por parte de los ciudadanos.

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Tras ver a unos cuantos políticos imputados, muchos de ellos en la Comunidad Valenciana, y siendo respetuosos con la presunción de inocencia, ahora, y aunque no es firme la sentencia, hemos conocido la condena a ocho años de cárcel al ex consejero de Inmigración y Ciudadanía, y, hasta ayer, diputado en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco.

Esperemos que a partir de ahora empiecen a dictarse sentencias que pongan en su sitio a aquellos que pensaban que lo público era su corralito y podían hacer impunemente lo que les diera la gana.

Como podéis ver, al final, el esfuerzo y sacrificio de todos los que trabajamos en la Administración de Justicia da sus frutos.

A continuación os incluimos:

NOTA DEL CGPJ

SENTENCIA.