Hoy hemos tenido conocimiento del acuerdo que han alcanzado sobre la Función Pública los dos partidos que gobiernan Cataluña, CiU y ERC.

Vemos como se concreta la sustracción de nuestra paga extra, eso sí limitando a aquellos que cobran 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (que es el límite que puso el PP en su recorte del 2012) aunque dicen que estudiarán aquellos casos que no llegan a 2 veces. Todo generosidad y comprensión con los desfavorecidos.

También llegan a otra serie de acuerdos, aunque sinceramente mucha palabra y poca concreción, excepto claro está para quitarnos la paga extra.

Lo único que vemos como una medida concreta y presumiblemente positiva (a falta de ver su plasmación), es "incorporar 2 o 3 días de permiso no recuperable para conciliación de la vida laboral y familiar"

ACCEDE AL DOCUMENTO SUSCRITO.

Os recordamos que estamos llevando a cabo la recogida de firmas para que nos devuelvan la paga extra cuando el Estada cumpla con sus obligaciones.

Hemos posido constatar que la firma a través de Change.org curiosamente se encuentra bloqueada en algunos puestos de trabajo. Si es vuestro caso contactar con nosotros en Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y os haremos llegar una hoja de recogida de firmas para que la firméis y difundáis entre vuestros compañeros o bien os la podéis descargar en el siguiente enlace:

MODELO PARA RECOGIDA DE FIRMAS..

Con la ayuda de todos lo conseguiremos.

JUNTOS PODEMOS.

Lo que no hacen nuestros políticos para defender a los ciudadanos frente a los poderosos, lo hacen los Jueces.

Bravo por el Tribunal de Justicia Europeo.

El Tribunal de Justicia europeo considera abusiva la ley española sobre desahucios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera abusiva e ilegal la normativa española sobre desahucios que permite que las familias que no pueden pagar una hipoteca puedan quedarse en la calle y con la deuda a cuestas. Esta posibilidad vulnera los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria y así lo ha plasmado el tribunal en su sentencia.

Una de las argumentaciones de la sentencia hace referencia a que, ante los procesos de desahucio, los jueces no pueden adoptar medidas cautelares "entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final". Es decir, considera que la legislación española, que no permite paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas, vulnera la normativa europea sobre los consumidores porque no garantiza una protección suficiente frente a dichas cláusulas abusivas.

El fallo del tribunal europeo será directamente aplicable a partir de ahora y en los procesos que están vivos, así como en las sentencias pendientes de dictar.

La sentencia es de obligado cumplimiento por todos los jueces de la UE. Los magistrados deberán tener en cuenta esta sentencia en todos los casos, aunque el fallo no es vinculante. Pese a que España no estaría formalmente obligada a cambiar la ley, el Gobierno español ha esperado a conocer la sentencia para aprobar el proyecto de ley sobre desahucios que está en tramitación en el Congreso.

El origen de todo fue Mohamed Aziz, un vecino de Martorell (Barcelona), que fue desahuciado en enero 2011 y cuyo caso llegó al Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona. El titular del juzgado, José María Fernández Seijo, planteó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para saber si la ley española es compatible con los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria. Lo hizo, explica él, después de que el Constitucional rechazara estudiar una cuestión de un juez de Sabadell sobre si las ejecuciones hipotecarias vulneraban derechos de los ciudadanos, buscando una mayor sensibilidad en la Unión Europea.

La sentencia coincide en el tiempo con el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, respaldada por un millón y medio de firmas, pide que se paralicen los desahucios, que los afectados puedan devolver sus pisos al banco y quedarse a vivir pagando un alquiler social.

El dictamen no vinculante emitido en noviembre pasado por la abogada general de la Unión Juliane Kokott, ya dijo que “el sistema de ejecución hipotecaria español limita de forma grave las posibilidades de defensa del ejecutado a la luz de la normativa europea”. En sus conclusiones, la abogada general recordó que, al no existir en el derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisó que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculicen los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas. Y la abogada general estimó que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

ACCEDE A LA SENTENCIA.

AHORA LOS JUECES PODRÁN IMPARTIR JUSTICIA DE VERDAD.

La privatización del Registro Civil sigue adelante, aunque los argumentos que esgrime el Director General de Registros y Notariado (del cuerpo de Registradores como Mariano Rajoy) carecen totalmente de la objetividad que entendemos debería tratarse un asunto de estas características.

¿Cuanto dinero van a ganar los Registradores, no el personal que trabaja para ellos? Eso es lo que tiene que explicar.

Casarse será más caro. Más que hasta ahora, que era gratis en el procedimiento civil. Pero con la reforma del Registro Civil que tiene prevista el Gobierno de Rajoy, el proceso pasará a manos de los notarios, de modo que los cónyuges deberán pagar una cantidad que, según las primeras informaciones, no superará los 100 euros.

En un desayuno informativo, organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), el director general de los Registros y el Notariado ha abordado el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja el Ministerio de Justicia, todavía en proceso de debate.

Rodríguez ha concretado novedades del texto como es la autorización con la que contará el notariado para celebrar bodas, algo que ahora es gratuito ante el juez. En el caso de las bodas oficiadas por los alcaldes, seguirá siendo cada territorio el que fije la cuantía a pagar.

GRATIS NACIMIENTO Y DEFUNCION

Los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo gratuitas. Estos actos suponen entre el 80% y el 90% de la actividad de estas oficinas, según ha explicado Rodríguez.

El borrador también contempla un aumento de los hechos inscribibles en el Registro, como es la inscripción de poderes o el domicilio. El ciudadano tendrá la posibilidad de comprobar que el poder no ha sido revocado, mientras que voluntariamente podrá inscribir su domicilio para recibir notificaciones.

Estos trámites voluntarios tendrán un coste (inferior al mantenimiento de este servicio) y que, en el caso de los poderes "en ningún caso será superior" al que ahora tiene en el Registro Mercantil. Rodríguez se ha preguntado hasta qué punto actos que son tramitados voluntariamente por un interés particular, como es un cambio de nombre, tengan que ser "pagados por todos".

UN COSTE DE 450 MILLONES

El director de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia ha defendido que el nuevo modelo dotará de una mayor eficiencia al Registro Civil al incrementar la interoperabilidad informática y supondrá un "importante ahorro" a la Administración, ya que ahora este servicio conlleva costes directos e indirectos que suman los cerca de 450 millones de euros.

La interoperabilidad de las bases de datos, donde constan la información de los ciudadanos y que algunos critican por hacerlos disponibles para el Cuerpo de Registradores, supondrá una ayuda para luchar contra el fraude o la corrupción. "Por ejemplo, ahora no se controla si con un poder de una persona fallecida se está disponiendo de dinero en una cuenta bancaria o si se pagan pensiones a una persona que haya fallecido", ha señalado Rodríguez.

El director general ha descartado entregar los registros civiles a funcionarios públicos como secretarios judiciales porque "tienen bastante trabajo" y sería necesario ofertar más plazas y dedicar más medios.

Respecto a las críticas de privatización, ha aluddio a que Izquierda Unida presentó una enmienda a la anterior reforma del Registro Civil (que no entra en vigor hasta 2014 al tener una vacatio legis de tres años) proponiendo encomendarlo a los registradores. "No creo que quepa pensar que Izquierda Unida quiera privatizar el Registro Civil", ha concluido.

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un nuevo Portal.

En este Portal, los funcionarios que estamos bajo su competencia tenemos acceso a un area privada donde se puede consultar, entre otras, nuestra nómina.

A continuación os incluimos el enlace al portal y una circular con una explicación para poder acceder.

También podréis consultar la nómina a partir de la de este mes de marzo.

ACCEDE A LA CIRCULAR.

ACCESO DIRECTO AL AREA PRIVADA

Se ha publicado la Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se delegan competencias.

ACCEDE A LA RESOLUCIÓN

Desde Justicia y Progreso estamos muy sorprendidos que se acuerde y se permita la delegación de competencias encomendadas el Secretario de Gobierno, por las que tiene determinadas retribuciones.

Hasta ahora todos hemos vivido, por la vía de hechos, que determinadas competencias otorgadas a Secretarios sean "encomendadas" a funcionarios, pero de eso, que combatimos, a que se le dé carta de legalidad se produce un cambio importante.

Desde Justicia y Progreso no tenemos palabras para calificar la situación a la que se ha llegado.

Esto es un ejemplo más de la situación anómala de distribución de competencias y la falta de interés por dotar de medios a la Administración de Justicia por parte de las Administraciones competentes.

Orihuela presenta una demanda de desahucio del Palacio de Justicia

El Ayuntamiento de Orihuela ha interpuesto hoy una demanda de "juicio verbal de desahucio por precario" del Palacio de Justicia, de titularidad municipal, contra la Conselleria de Justicia, tras "ocho años ocupado".

La demanda ha sido presentada por los concejales de Planificación y Urbanismo, Antonia Moreno y Antonio Zapata, respectivamente.

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha deseado no verse en "la tesitura de que la Generalitat pase por esta vergüenza de ser desahuciada por no cumplir sus obligaciones".

La Audiencia Nacional cree que la crisis económica no justifica la decisión del Gobierno de suprimir la paga extra para el personal laboral del sector público con efectos retroactivos. Así, ha solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre su legalidad.

Esta decisión de la Sala de lo Social de este tribunal, que responde a un recurso planteado por varios sindicatos contra la dirección de la Compañía Española de Tabaco (CETARSA), no afecta al recorte de la extra de diciembre para los funcionarios, ya que esta cuestión se está dirimiendo en el orden contencioso-administrativo.

Los magistrados entienden que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la paga extraordinaria se devenga día a día, por lo que, en este caso, como se pagó el 30 de junio la paga del primer semestre y la norma no entró en vigor hasta el 15 de julio, se generó el derecho a la parte proporcional a dos semanas de trabajo.

Por tanto, señala, "no podía eliminarse ese derecho con efecto retroactivo desde el 1 de julio, según los jueces".

Así, rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado, que trató de excusar el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el interés general dada la situación de crisis económica.

El auto, contra el que no cabe recurso, llega a plantear la posibilidad de que este caso sea una "expropiación legislativa de derechos", pero mantiene que no se puede aplicar en este pleito porque no existe una compensación o devolución futura de cantidades.

“A nuestro entender la reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria (…). Es justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente”, dice el auto.

Por ello, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acuerda por unanimidad elevar al Ttribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad para que establezca si se ha vulnerado el principio de irretroactividad.

Auto de la Audiencia Nacional

En el Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado la remisión a las Cortes de la reforma de la LOPJ para modificar el Consejo General del Poder Judicial.

A continuación os incluimos la reseña tanto la reforma como la suspensión de dos artículos de la LOPJ.

• Se remite a las Cortes Generales Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
• Se remite a las Cortes Generales Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Publicado en el DOGC el ACUERDO GOV/20/2013, de 26 de febrero, por el que se adoptan medidas excepcionales de reducción de los gastos del personal al servicio de la Administración de justicia para el ejercicio presupuestario 2013.

Estas medidas suponen un robo de nuestras retribuciones totales en un montante superior al 7%

Si no empezamos a hacer algo por cambiar las cosas la eliminación de la paga extra, si no otras, va a ser la medida estrella de cada presupuesto en el futuro.

Mientras vemos como unos cuantos políticos son imputados y acaban siendo amparados por aquellos que nos recortan. ¿Hasta cuando?

¿Vamos a seguir callados? ¿Seguiremos cabreados pero resignados?

Si los sindicatos representativos no nos convocan a manifestar nuestra repulsa por este medida, hagámoslo nosotros como trabajadores, aunque solo sea por dignidad.

La reducción se aplicará de la siguiente forma.

2 Reducción retributiva Durante el ejercicio 2013, se reducen las retribuciones anuales del personal incluido dentro del ámbito de aplicación de este Acuerdo en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria, de conformidad con los criterios de aplicación que se establecen en el punto 3 de este Acuerdo.

3 Criterios de aplicación La reducción retributiva prevista en el punto anterior se aplicará en las mensualidades pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, mediante la deducción del importe correspondiente de los conceptos retributivos relativos al complemento de mejora adicional de la Generalidad y el complemento específico transitorio o el complemento específico determinado en las relaciones de puestos de trabajo.
En los meses de junio y diciembre se detraerá la totalidad de la cantidad correspondiente a los conceptos retributivos "complemento de mejora adicional de la Generalidad" y "complemento específico transitorio" o en el complemento específico determinado en las relaciones de puestos de trabajo; la cantidad restante se detraerá de forma prorrateada de los conceptos indicados en el resto de mensualidades pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, hasta el 31 de diciembre de 2013.

Se ha publicado en la página web del Ministerio la siguiente información:

Hoy, en el ministerio de Justicia, se ha procedido a la recepción y presentación de los textos elaborados por las Comisiones institucionales creadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, para la elaboración de propuestas de textos articulados de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Enjuiciamiento Criminal

A continuación os incluimos los enlaces a dichos proyectos:

CODIGO PROCESAL PENAL (PDF. 1.23 MB)

PROPUESTA DE REFORMA DE LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL (PDF. 1.74 MB)

Como primera aproximación al contenido de la misma hemos visto una información de Europa Press que nos parece interesante y que a continuación os incluimos. La parte más importante para nosotros se encontraría al final de la noticia.

Los jueces no podrán opinar en los medios sobre asuntos pendientes en los tribunales o sentencias

Pasarán pruebas psicológicas, los impuestos no financiarán a asociaciones, no habrá partidos judiciales y sí tribunales de instancia