Interesante artículo publicado en el Pais el pasado 9 de abril donde hace un análisis de fondo sobre las consecuencias de la aprobación del proyecto de reforma de la Ley del Registro Civil en su actual redactado.

Es tan perjudicial para el ciudadano que ha conseguido unir a los que nos oponemos al Colegio de Notarios, e incluso a una parte de los Registradores de la Propiedad.

Al margen de los peligros que se denuncian, no deja de ser curioso el juego de oscuros intereses que se pueden encontrar detrás de este proyecto y que esta semana se han publicado en la revista Mongolia bajo el título "Todo para los Registradores" (recomendamos su lectura)

La privatización del Registro Civil contenida en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros es solo la punta del iceberg de un propósito de mayor calado. La génesis y el contenido del anteproyecto revelan una ambición inaudita de controlar la vida de los ciudadanos.

Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y quién sea beneficiario del mismo, si somos socios de una asociación o somos fundadores o patronos de una fundación… En fin, todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, vinculados al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos constitucionales, quedarán en manos de un cuerpo de funcionarios que, además, se cuida de evitar cualquier control público. ¿Su responsabilidad? Solo ante la Historia.

Sobre las tasas judiciales, Agirre se ha mostrado favorable porque "la Justicia hay que pagarla" y ha añadido que "las contribuciones a los servicios públicos deberían guardar relación con la capacidad económica de cada contribuyente, con independencia de la asistencia jurídica gratuita, lógicamente"

La viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco, Ana Agirre, ha reclamado que las comunidades autónomas participen de "la tarta de las tasas judiciales" con el fin de complementar "dotaciones presupuestarias" y ha considerado que, por esta vía, Euskadi percibirá cinco o seis millones de euros.

En cuanto a la Nueva Oficina Judicial, ha afirmado que los recortes afectarán a las inversiones, por lo que no se implantará en Bilbao esta legislatura, pero este año se hará en Vitoria y Barakaldo, y el próximo en San Sebastián.

Sobre las transferencias ha apuntado que "este país tiene que caminar hacia la consecución de las mayores cotas de autogobierno", también en la Justicia.

En esta línea, ha indicado que "el primer paso que hay que dar es conseguir la transferencia de secretarios judiciales".

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Dirán lo que quieran, que los receptores son funcionarios públicos, pero el Ministro Gallardón sigue dando pasos para privatizar y regalar el Registro Civil a sus amigos los Notarios y Registradores.

En el día de ayer El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, firmaron el acuerdo de encomienda de gestión por la que los notarios realizarán las actas de las juras o promesas necesarias para adquirir la nacionalidad española por residencia.

En la nota de prensa emitida por el Ministerio se enfoca como una solución al atasco que tenía, en tanto que servicio público deficiente.

Es curioso el énfasis en afirmar que tanto Notarios como Registradores son empleados públicos, pero no dicen las condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan sus funciones en sus despachos y que no son empleados públicos.

También recalcan que este trámite lo hacen de forma gratuita, como si lo que ganan ya no fuera suficiente. ¿Conocéis algún Registrados o Notario que le cueste llegar a final de mes?

Si había tanto retraso y era necesario "darle un impulso" lo habrá sido por la irresponsabilidad de los Ministros que de diferentes colores políticos han ocupado el cargo, y que nunca se han preocupado de solucionar este problema, o ¿acaso nuestros gobernantes nunca son responsables de nada?.

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Esta adjudicación se hace por dos años y por un montante de 543.940,80€. Esto supone un total anual de 271.970,40€. Esta adjudicación es para 8 edificios.

Revisando la hemeroteca hemos observado que la adjudicación de dicho servicio de limipieza para 2012 se realizó por 205.230€.

Esto supone un incremento del 35% de las cantidades destinadas para este servicio privatizado que con seguridad "repercutirá positivamente en las retribuciones del personal de limpieza", o no.

Este es un ejemplo de lo que ha supuesto la Ley de Tasas, seguro que no se habrán evitado aquellos recursos que se interponen para dilatar y retrasar la acción de la Justicia por aquellos que tienen recursos para hacerlo, se ha evitado que muchos ciudadanos puedan recibir la tutela judicial efectiva por su falta de recursos.

Esperemos que el rechazo contra las tasas manifestado por casi la totalidad de los que tenemos algo que ver con la Justicia y con ejemplos como las 172.454 firmas recogidas por el Abogado Fabián Valero tengan resultado y se consiga derogar la injusta Ley del Partido Popular.

Los recursos civiles caen un 30% en la Audiencia de Alicante tras la ley de tasas

La Ley de Tasas Judiciales ha contado con una fuerte contestación desde prácticamente todos los estamentos del mundo del Derecho. Jueces, fiscales, abogados, procuradores y secretarios judiciales se han manifestado en contra de la medida por considerar que limitan el acceso del ciudadano a la Justicia. Aunque el ministerio intentó dar marcha atrás suavizando algunas de las tasas, dejó intactos los tributos que se debían abonar en caso de que se fuera a presentar un recurso de apelación: 800 euros si va dirigido a la Audiencia Provincial; y 1.200 euros si se presenta ante el Tribunal Supremo. Anteriormente, el dinero que había que abonar por un recurso civil ante la Audiencia era de 50 euros.

Para el presidente de la Audiencia de Alicante, el principal riesgo que se corre es la ausencia de jurisprudencia, ya que si los ciudadanos no recurren, ni las audiencias ni el Supremo podrán unificar doctrina en asuntos que sean controvertidos. Asimismo, consideró que en un pleito de un particular contra una gran empresa, será esta última quien más posibilidades tendrá de presentar un recurso en caso de que en primera instancia no ganen en pleito; mientras que el ciudadano tendrá menos opciones en el caso de que no pueda afrontar el dinero de las tasas.

Magro ya presentó un informe ante el ministerio de Justicia alertando de que la Ley de Tasas podría ser inconstitucional debido a su elevada cuantía. En estos momentos, ya se han presentado varios recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no se ha sumado a iniciativa de recurrir el polémico texto. Becerril dio por buenas la reducciones que aprobó el ministerio el pasado febrero, aunque los abogados las siguen considerando insuficientes.

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Hoy la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha acudido a la Ciutat de la Jusicia de Barcelona y ha presentado escritos solicitando la paralización de los desahucios.

Cuando alguno de nosotros pensemos que las cosas no pueden cambiarse, que no puede hacerse nada para cambiar nuestro destino y recuperar aquello que los Gobiernos nos han robado, sería bueno que viéramos el ejemplo de la Plantaforma y tuvieramos muy claro que

SI SE PUEDE.

A continuación os incluimos extractos de las noticias aparecidas en El Periódico y ABC (donde se puede ver un vídeo emotivo de la portavoz de la Plataforma)

Colau: "La PAH está haciendo lo que tenía que hacer el Gobierno"

El recorte aplicado por el Gobierno del PP en el nombramiento de Jueces sustitutos empieza a tener sus consecuencias.

La decisión de sustituir al Juez de Violencia por el de Guardia va a perjudicar gravemente las condiciones de trabajo de ambos órganos judiciales y serán los que allí trabajen los que tendrán que recibir las quejas del ciudadano que con motivo se verá abocado a largas esperas.

Esta no es la JUSTICIA que en Justicia y Progreso queremos.

La falta de juez sustituto obliga a suspender vistas de Violencia de Género

El Juzgado de Violencia de Género de Zamora ha tenido que suspender todas los juicios y señalamientos que tenía previstos esta semana y la siguiente, hasta que se reincorpore de su baja el titular de dicho órgano, de baja por una intervención quirúrgica. Así las cosas, los asuntos de maltrato o violencia doméstica que lleguen al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, con especialidad en Violencia de Género, pasarán cada semana a manos de un juez, el que esté realizando las guardias en ese periodo, según ha acordado la Junta de Jueces, celebrada para resolver esta incidencia. Jueces y magistrados de los cinco órganos de Primera Instancia e Instrucción restantes solo asumirán en sus guardias aquellos casos de maltrato que requieran una intervención inmediata, es decir, la mayoría, puesto que por lo general el juez suele tener que aplicar medidas de alejamiento y protección de la víctima.

El Ministerio pretende implantar la NOJ en Ceuta. ¿Cometerán los mismos errores que en anteriores implantaciones?

Silguero reitera que los funcionarios deciden en qué situación quedan en la NOJ

El pasado día 21 se llevaron a cabo movilizaciones contra la privatización del Registro Civil que ha salido recogida en diferentes medios de comunicación.

En esas mismas fechas desde el Ministerio se ha traslado el último borrador de reforma del Registro Civil ( ACCEDE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PROYECTO DE LEY ) en el que se sigue viendo la "privatización" del Registro Civil mediante su regalo a los Registradores de la Propiedad. Tendrían la intención de llevarlo a cabo el próximo año, por lo que pensamos que aún podemos pararlo.

Por si aún no tenéis claros "los intereses espurios" que pueden existir os invitamos a leer el artículo publicado en el Pais ( ACCEDE A LA NOTICIA )

Protesta para denunciar la “privatización” de los Registros Civiles

La Junta de Personal (con mayoría de JyP) ha emitido un comunicado para criticar lo que consideran nuevo ataque a los servicios públicos con la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja el Ministerio de Justicia, todavía en proceso de debate.

Hoy se ha publicado en el BOE la Resolución de 14 de marzo de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

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Hoy mismo, coincidencias de la vida, el Tribunal Constitucional ha dado a conocer las providencias de admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de tasas.

La primera del Partido Socialista contra los artículos 1,2,3,5,6,7 y 11.

La segunda de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 1 a 11.

La tercera de la Junta de Andalucia contra los artículos 1,2,3,4 y 7.

El Constitucional admite a trámite los recursos contra las tasas judiciales de Gallardón

El Tribunal Constitucional ha admitido los recursos presentados por los parlamentarios socialistas, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía contra la Ley de Tasas Judiciales, y estudiará si esta nueva legislación contraviene la Constitución. El Tribunal ha dado traslado al Gobierno, al Senado y al Congreso de los Diputados para que presenten su punto de vista sobre la Ley de Tasas.

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