La Abogacía pide a la Audiencia Nacional que plantee cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas y anule la Orden de Hacienda

• El Consejo General de la Abogacía presenta recursos contencioso-administrativo contra la norma que aprueba el modelo de autoliquidación y devolución del tributo aprobado por la Ley 10/2012
  

• El escrito, firmado por Carlos Carnicer, considera que se ha omitido el trámite preceptivo de audiencia al Consejo de Estado, la intervención del Ministerio de Justicia para dictar la disposición reglamentaria y el reglamentario dictamen del Consejo General del Poder Judicial
  

El Consejo General de la Abogacía ha presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo directo que la Abogacía Española ha interpuesto contra la Orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo de autoliquidación y devolución de las tasas judiciales.

El escrito va firmado por Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y solicita tanto la nulidad de la Orden como que la Sala de lo Contencioso-Administrativo plantee cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas

El recurso se ha tramitado una vez que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, que agrupa a los 83 decanos de Colegios de Abogados, haya autorizado la interposición el jueves 17 de enero, tal y como establece la normativa colegial

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ULTIMA HORA:

El Colegio de Abogados nos informa que interpondrá recurso de reposición contra el Auto dictado.

La Audiencia Nacional ha rechazado, en un auto conocido hoy, la suspensión provisional del cobro de las nuevas tasas judiciales que le había solicitado, como medida cautelar, el Colegio de Abogados de Orense, de modo que seguirán cobrándose en tanto este tribunal no resuelva sobre si son o no ajustadas a derecho.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de las tasas judiciales.

La Sala rechaza el incidente de suspensión cautelar planteado por el Colegio de Abogados de Ourense en el recurso contra la Orden HAP 2662/2012, de 13 de diciembre, del Ministerio de Hacienda por el que se aprobaron los modelos de cobro de las tasas judiciales.

En un auto, los magistrados explican que admitir el incidente de suspensión prejuzgaría la cuestión de fondo, tal y como estableció en un auto la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del 14 de junio de 2012, cuando se pronunció sobre la “apariencia de buen derecho” en medidas cautelares, explicando que, de aplicarse, “se prejuzgaría la cuestión de fondo de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también fundamental, como es el proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba”.

Los recurrentes solicitaban la suspensión cautelar basándose en los perjuicios de difícil o imposible reparación que supondría la aplicación de las tasas, por la elevada cuantía, y que podía originar la pérdida de la finalidad de los recursos.

Citando doctrina del Supremo, el auto señala que “no se advierte que la aplicación de la Orden impugnada comporte para la corporación recurrente la irrogación de perjuicios de difícil o imposible reparación, superiores a los que la suspensión de sus vigencia produciría al interés público”. Todo ello, añaden, “sin perjuicio de lo que se resuelva al enjuiciar la disposición general impugnada en la fase definitiva del proceso”.

A continuación os incluimos las subvenciones recibidas por los partidos políticos del Congreso para funcionamiento y seguridad.

Esto hace un total de ingresos anuales durante 2012 de 50.137.713,92€ para gastos de funcionamiento y unos 3.400.000€ para seguridad.

Lo de la seguridad suponemos que es para protegerse de los ciudadanos indignados.

Accede a las resoluciones del BOE:

Subvenciones para funcionamiento.

Subvenciones para seguridad.

ULTIMA HORA:

ACCESO A LA SENTENCIA.

Hoy se ha publicado una noticia en la que reconoce el derecho a un grupo de empleados públicos (no creemos que sean funcionarios) a que se abone una parte de la paga extra, la que se generó desde el 1 de junio al 15 de julio fecha de publicación de los recortes en el BOE.

Si dicha sentencia se puede extender al colectivo de funcionarios, ¿no deberíamos tener en Justicia derecho a que se nos devuelva el total de la extra ya que el recorte se publicó de manera efectiva mediante reforma de la LOPJ en fecha 28 de diciembre?.

La demanda fue interpuesta contra la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, con unos 649 empleados, y reclamaba la primacía del convenio colectivo colectivo frente a la ley. La sentencia desestima la petición principal y tampoco admite la subsidiaria de que se abone una catorceava parte de la retribución anual pero sí reconoce el derecho a cobrar la parte de la paga extra devengada por trabajar del 1 al 14 de julio pasado, cuando entró en vigor el real decreto ley.

La sentencia (que es recurrible ante el Tribunal Supremo en casación) condena a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, a pagar la parte correspondiente a esos días, lo que costará al organismo unos 78.000 euros, a unos 120 euros de media por trabajador. Si  los tres millones de empleados públicos reclamasen su parte, con la misma media, el erario público tendría que desembolsar 360 millones. Con la suspensión de la paga, que el País Vasco intentó sortear hasta que intervino el Tribunal Constitucional, el Estado preveía ahorrar unos 4.000 millones.

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Si alguien se pregunta el volumen de asuntos que se pueden llegar a producir al implantarse la mediación, la Junta de Andalucía lo ha establecido en un 30% en la jurisdicción civil y mercantil.

Si a ello le sumamos la reducción de asuntos que en el orden contencioso administrativo se producirá al obligar a los funcionarios públicos a estar asistidos de letrados (además de la condena en costas si se pierde el procedimiento y el abono de tasas en apelaciones).

Si además pensamos en lo que supondrá la eliminación del Registro Civil,

No es difícil concluir que la amortización salvaje de plantillas está servida.

Hace algunas fechas nos encontramos con la sorprendente noticia de que el Registro Civil no solamente iba a dejar de estar en la esfera de la Administración de Justicia, como aprobó el Gobierno Zapatero, sino que el Gobierno del Sr. Rajoy había decidido su privatización.

Por mucho que quieran disfrazarlo al ser los Registradores funcionarios públicos sometidos a arancel, en Justicia y Progreso tenemos claro que es una privatización en toda regla y más grave aún que dicha privatización vaya a parar a un grupo de "funcionarios" a los que pertenece el actual Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy en el que se encuentra en servicios especiales.

Visto lo visto, no nos ha sorprendido ver la noticia del indulto de un ciudadano que mató en un accidente de tráfico a una persona había sido representado por el hermano de Ignacio Astarloa (alto cargo del PP y de diferentes gobiernos) en cuyo bufette trabaja el hijo de Gallardón.

Sobran los comentarios.

Noticia en El Diario.es.

Noticia en el Mundo.

Noticia en Europa Press.

ULTIMA HORA:

Publicadas en el BOE de hoy las suspensiones anunciadas ayer.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo al nuevo artículo 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

ACCEDE A LA RESOLUCIÓN

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

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En la últimas horas se está dando a conocer la suspensión cautelar de varias normas de la Generalitat de Cataluña al admitir los recursos interpuestos por el Gobierno de la Nación.

Suspensión del Euro por receta en Cataluña (suponemos que en Madrid ocurrirá lo mismo)

Noticia aparecida en RTVE

Noticia de El País

Noticia de La Vanguardia.

Dicha suspensión se aplicará a partir de las 23.00 horas de hoy

Noticia en Expansión.

Suspensión del impuesto a los depósitos bancarios y de las tasas judiciales catalanas (aunque no de forma completa)

Tened en cuenta que estas tasas fueron implantadas antes que las tasas que Gallardón impuso a nivel estatal.

Noticia de El Mundo.

Noticia en la Vanguardia.

La Generalitat ha anunciado la suspensión de las tasas judiciales con excepción de la tasa por la emisión de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que constan en los expedientes judiciales, ni la tasa por la utilización o aprovechamiento de los bienes y derechos afectos al servicio de la Administración de Justicia.

VER NOTA DE DE LA GENERALITAT DONDE ACLARA EL ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES CATALANAS.

RECTIFICACIÓN:

Hoy habíamos publicado la siguiente noticia: Publicada en el BOE la Corrección de errores del Real Decreto 1527/2012, de 8 de noviembre, de reforma del Real Decreto 146/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica básica y funciones y se transforma el organismo autónomo Parque Móvil Ministerial en Parque Móvil del Estado por la que dejan sin coche oficial a los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, se lo mantienen a su Presidente y a los miembros de la Sala de Gobierno.

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN.

Pues bien, hemos cometido un error, quizás pensando en que realmente se hacía un recorte real en tan alta institución del Estado, algo que no ha sido así.

Por error indicábamos que la rectificación publicaba en el BOE inducía a pensar que los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo dejaban de tener coche oficial y solo se lo mantenían a los miembros de la Sala de Gobierno, pero de una lectura del artículo 149 de la LOPJ se desprende que como quiera que todos los Presidentes de Sala son miembros de la Sala de Gobierno, entonces siguen teniendo derecho a coche oficial.

Sentimos haber inducido a error y haber pecado de ingénuos.

Hemos visto en el BOE de ayer sendos Acuerdos del Pleno del CGPJ por el que se conceden una serie de subvenciones a Asociaciones de Jueces para formación y funcionamiento.

Es curioso ver como para unos hay dinero sin problema y para otros se suprimen dichas ayudas como ocurrió recientemente con las subvenciones a asociaciones de Secretarios Judiciales y también para las asociaciones de Fiscales.

Desde Justicia y Progreso creemos que quien ha actuado correctamente, esta única vez, es el Ministerio de Justicia y no así el CGPJ al que parece que le cuesta asumir que estamos en un momento de recortes importantes en todos los ámbitos y que no deberían aplicar unicamente dichas medidas de control presupuestario en limitar si su Presidente viaja en clase preferente o turista, que también.

ACCEDE A LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Subvenciones para formación a través de las asociaciones

Subvenciones para funcionamiento de las asociaciones.

Resulta insultante que cuando a los "funcionarios de verdad" (no los políticos designados a dedo) nos piden sacrificios, mejor dicho nos los imponen, los señores de este Gobierno, aunque anteriores tampoco se libran, tengan unos sueldos que quitan el hipo.

Mientras a nosotros nos quitan días de permiso, nos roban la paga extra, nos imponen deducciones de nómina si enfermamos, asistimos, no sin cierta vergüenza, a episodios como el de la Sra. Cospedal que se olvido de incluir entre sus emolumentos 7.000€ ya que para ella debe suponer una minucia. Eso sí tras haber quitado el salario a los Diputados de Castilla la Mancha.

También hemos asistidos a la ceremonia de la estafa cuando anunciaron que a los altos cargos de empresas públicas, sus amigos, les habían rebajado el 30% de sus retribuciones, y callaron que mediante una argucia legal les "autorizaban" a cobrar elevadas productividades que ellos mismos deben establecerse (siempre que no llegaran a superar el 40% del sueldo fijo). Hasta los que no saben mucho de número ven que "lo que por aquí te quito, por allí te lo doy" y con bonificación.

Pero ya lo último es la gran nebulosa que sobre las retribuciones del Presidente del Gobierno se han extendido. Primero se difundió que seguía cobrando una parte de sus retribuciones como Registrador de la Propiedad que es (sí, esos que van a recibir como regalo el Registro Civil) algo que imaginamos no era más que un bulo malicioso. Ahora vemos con cierto asombro como ni los más avezados periodistas consiguen averiguar cuales son las verdaderas retribuciones de nuestro Presidente del Gobierno. En fin.

¿Con esta falta de transparencia cómo no va a haber desapego de la ciudadanía hacia los que dicen ser sus representantes?.