Quizás el titular de El Pais no es todo lo acertado que debería ser ya que no es consecuencia de ninguna estratagema sindical, es el fruto de la decisión y perseverancia de un grupo de compañeros que han decidido mantenerse firmes y seguir adelante con la huelga, cueste lo que cueste.

Tenemos muestras de que no solamente los compañeros de ese servicio están de huelga, hay más compañeros que de forma anónima lo están haciendo y algunos que han anunciado que hoy mismo la van a iniciar. Todos ellos cuentan con nuestro reconocimiento por el sacrificio que están haciendo para conseguir recuperar aquello que nos han "robado".

Queremos por último manifestar que los servicios mínimos establecidos fueron pactados con la Generalitat y los trabajadores los están cumpliendo de forma escrupulosa.

No vamos a perjudicar los derechos esenciales de ningún ciudadano.

A continuación os incluimos la noticia aparecida en estos momentos en El Pais.

En las huelgas, una estrategia bien diseñada puede ser la clave para alcanzar el éxito. Sobre todo, cuando se convoca en condiciones adversas. Es lo que parecen haber entendido los cinco sindicatos de justicia que operan en Cataluña: STAJ, CSIF, CCOO, JyP y UGT. Desde el pasado día 4, han llamado a los cerca de 8.000 funcionarios de los juzgados catalanes a una huelga indefinida contra los recortes salariales y la precarización laboral.

Va a empezar el año judicial con previsiones de profundos cambios en nuestro entorno.

Desde Justicia y Progreso creemos que esos cambios van a provocar un otoño bastante caliente toda vez que sin duda alguna se van a eliminar un importante número de plazas y se van a llevar a cabo bastantes procesos de reordenación con cambios de partido judicial (conviene recordar que ya reformaron la LOPJ para que nos pudieran cambiar de localidad aunque no estemos conformes).

Según hemos podido ir leyendo, las reformas legales que Gallardón pretende aprobar, salvo que sea cesado previamente, serían entre otras las siguientes:

CÓDIGO PENAL: Estaremos expectantes para ver si incluyen, como algunos medios han anunciado, determinados delitos que intenten callar a la ciudadanía en las modernas formas de movilización. Tenemos serias dudas que hagan modificaciones para perseguir la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos. También pretende la eliminación de las faltas lo que conllevaría una importante reducción de trabajo en los Juzgados de Instrucción, con la consiguiente reducción de plantillas.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL: Se permitiría al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora. Esto provocará, sin duda, la eliminación de gran número de plazas de Auxilio Judicial.

Primer trimestre de 2014

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: Con esta reforma, Justicia pretende descongestionar los juzgados, de tal forma que algunos asuntos «menores» no tenga que resolverlos el juez, dicen que serían funcionarios públicos adscritos a la Administración de Justicia. Veremos en quién se acaba concretando.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: Afectaría sustancialmente a la planta judicial que, si todo sigue como ya han anunciado, supondrá la eliminación de varias decenas de partidos judiciales.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: La investigación sería asumida por el Ministerio Fiscal. Los jueces de instrucción pasarán a ser jueces de garantías. Se limitará el secreto del sumario y se instaurará la doble instancia penal en todos los tribunales.

El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de tasas impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional le haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales.

Consideran que la normativa puede vulnerar la Constitución al estimar que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional.

Esperemos que ahora el TC de la razón a todos aquellos que cuestionamos la Ley de Tasas y de "una bofetada" al todavía Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

En Justicia y Progreso entendemos que la Justicia debe alcanzar a todos los ciudadanos independientemente de su nivel de ingresos y la ley de tasas lo que hacía era limitar este derecho.

Esperemos que se empiecen a marcar claramente las lineas rojas que no puedan superar los gobernantes, con sus inaceptables planteamientos.

A continuación os incluimos las referencias encontradas en los diferentes medios de comunicación, así como el Auto dictado por la Audiencia Nacional:

AUTO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

La Audiencia Nacional plantea que la ley de tasas judiciales es inconstituciona (eldiario.es)

La Audiencia Nacional ve inconstitucional la ley de tasas (El Pais)

La Audiencia Nacional cree que la Ley de tasas judiciales puede ser inconstitucional (ABC)

La Audiencia Nacional lleva las tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional (Cadena Ser)

La Audiencia Nacional cree que las tasas judiciales limitan el acceso a la Justicia (InfoLibre)

A continuación os incluimos el tercer comunicado del Comité de Huelga sobre lo acontecido en el día de hoy, segundo día de la huelga indefinida.

Durante la concentración llevada a cabo en el Departament, hemos sido recibidos en la Consellería por la Secretaria General de Justicia (antes fue Juez Decana de Barcelona), incorporándose después el propio Conseller de Justicia que ha demostrado voluntad de negociar pero no llegando a ofrecer ninguna propuesta con cara y ojos. Ante esta nula respuesta, seguimos con las movilizaciones.

COMUNICADO 3 DEL COMITÉ DE HUELGA.

Os recordamos que durante toda la noche de hoy, miembros del Comité de Huelga, estamos instalados en el atri de la Ciutat de la Justicia como protesta por la situación que estamos viviendo.

Publicada en el Diari Oficial de la Genealitat de Cataluña la orden de servicios mínimos convocada como indefinida a partir de mañana día 4/9 contra los recortes en la Administración de Justicia en Cataluña.

ACCEDE A LA ORDEN.

En la memoria del CGPJ para el 2012 hemos podido ver la inversión que en Justicia hacen las diferentes comunidades autónomas.

Así vemos como la Comunidad que más invierte proporcionalmente respecto a su producto interior bruto como a euros por habitante estaría Canarias. Justo en el lado contrario, la que menos invierte de forma proporcional estaría Navarra.

La información del Ministerio es de 1.453.632.860 €, no puede compararse con la de las CCAA ya que en su presupuesto incluyen los gastos que como nóminas abonan a Jueces, Fiscales y Secretarios de todo el Estado, además de los funcionarios que aún son de su gestión.

A continuación os incluimos un cuadro resumen:

El artículo que hemos visto hoy en el Diario.es nos parece una pesadilla de verano.

Imaginad por un momento que uno de nosotros, funcionarios públicos de a pie, en los tiempos que corren y en los que muchos no habremos podido disfrutar de unas vacaciones adecuadas porque no llegamos siquiera a final de mes, viniera un señor que habitualmente vemos por los Juzgados y nos ofreciera pasar las vacaciones en un apartamento de la costa. ¿Cómo lo llamaríais? ¿Pensáis que a los pocos días no tendríamos una investigación abierta?

Parece que algunos se olvidan pronto de lo que le pasó al anterior Presidente del CGPJ y sus descansos.

Como dijo el Rey en su discurso navideño, esperamos ser todos iguales ante la Ley. ¿O quizás lo dijera el 28 de diciembre?

Desde Justicia y Progreso exigimos claridad. Creemos necesario que por parte de tan alto representante se explicara si la información es cierta y de serlo, presente de forma inmediata su renuncia al cargo, o bien sea cesado.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, está disfrutando de sus vacaciones de agosto como invitado en una de las casas más espectaculares de la Costa del Sol. Es un lujoso palacete en Marbella construido a imitación de una villa romana de Pompeya, la ciudad que fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio. La exclusiva vivienda, copiada piedra a piedra sobre el original, tiene incluso termas y está valorada en unos quince millones de euros, según una fuente que ha asistido a alguna de las lujosas fiestas que celebra su propietario. El anfitrión del fiscal general del Estado tampoco es un cualquiera. Se trata de José Manuel Serrano Alberca: un millonario abogado, experto en recalificaciones y urbanismo, que a principios de los noventa fue salpicado por un escándalo político, el caso Renfe (o caso AVE). Sus empresas fueron las principales beneficiadas de una oscura operación inmobiliaria que costó una millonada al Estado y que en su momento provocó la dimisión del ministro socialista Julián García Valverde por su gestión unos años antes como presidente de Renfe. Serrano Alberca, que había sido jefe de García Valverde, compró unos terrenos en San Sebastián de los Reyes (Madrid) que poco después vendió a Renfe por 58 veces el precio pagado. Las plusvalías de aquella operación rondaron los 700 millones de pesetas que hoy lucen al estilo de Pompeya.

En Marbella, donde el ilustre invitado del palacete pompeyano es la comidilla del verano, hay quien compara las vacaciones de Torres-Dulce con las de Luis Bárcenas: "Uno en las termas de Serrano Alberca, otro a la sombra de Soto del Real

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En los aparcamientos de los Juzgados de la Laguna se ha establecido que aparca quien primero llegue, algo que aplaudimos desde Justicia y Progreso. Que tomen otros nota.

Como no podía ser de otra forma, Jueces y Fiscales, han puesto el grito en el cielo y han exigido sus privilegios.

Es alucinante que en pleno siglo XXI aún tengamos estos ataques de "honorabilidad" y se intente mantener ciertos privilegios.

Pero si lo anterior es intolerable, más lo es que el cuerpo de Secretarios, que está obligado a cumplir el mismo horario que el resto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, pretenda que se le reconozcan unos privilegios porque no llega a tiempo de aparcar. Que entren a trabajar a su hora, que cumplan como todos y así podrán aparcar.

El reparto de las plazas de aparcamiento del Palacio de Justicia de La Laguna ha desencadenado en un enfrentamiento entre los funcionarios y magistrados que trabajan en este nuevo emplazamiento judicial, inaugurado oficialmente el pasado mes de junio. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha establecido el criterio de antigüedad para la asignación de estos estacionamientos, una decisión que no ha gustado a los jueces, quienes, con el apoyo de fiscales y secretarios judiciales, han elevado un escrito demandando que esta decisión sea reconsiderada.

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El papel sigue siendo una de las grandes lacras de la Administración de Justicia, hasta el punto de que los archivos judiciales se ven muchas veces colapsados ante la acumulación de cajas y cajas de documentos.

La solución pasa por eliminar aquellos que ya no vayan a ser necesarios. La Consejería de Justicia e Interior ha comenzado la destrucción de expedientes judiciales antiguos y sin valor con el objetivo precisamente de liberar espacio en los saturados archivos de los juzgados sevillanos.

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Todo lo que refleja la noticia no sería un problema si desde hace tiempo se hubiera empezado a invertir en la informatización y digitalización de los expedientes judiciales, como lleva mucho tiempo realizando Hacienda.

Hasta ahora, no era vista como una apuesta necesaria ya que suponía una importante inversión inicial.

Ahora, en tiempo de crisis, cuando se hacen inafrontables los costos de material: papel, carpetas, tinta de impresora, grapadoras, etc; así como el precio que deben pagar por mantener los archivos en buen estado, ocupando kilómetros y kilómetros de estanterías que finalmente conllevan también un importante costo de traslados de papeles, creemos que puede hacer replantear determinadas decisiones a las mentes pensantes de este país, si es que existen.

Desde Justicia y Progreso creemos que deberían hacer esa inversión de una vez por todas.

No podemos conformarnos con la simple respuesta de que estamos en crisis y no hay dinero. Es cuestión de prioridades. Quizás si dejáramos de comprar unos pocos aviones militares, por no decir de pagar unas cuantas comisiones, se podría empezar a invertir de forma seria en la administración de Justicia.

Claro que a lo mejor no interesa a más de uno, ya que una Justicia con medios puede ser "muy peligrosa" para ellos.

Ayer día 2 de agosto, se publicó en el DOGC la Resolución JUS/1696/2013, de 16 de julio, que incluye el Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamiento en los partidos judiciales de Cataluña.

El protocolo ha sido firmado por Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Departamento de Justicia, la Diputación de Barcelona, la Diputación de Tarragona, la Diputación de Girona, la Diputación de Lleida, el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, el Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña.

Los políticos firman y ponen en práctica lo que muchos compañeros vienen haciendo de forma habitual.

¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que lleguen a esta conclusión? ¿

Cuántas personas han sido desahuciadas sin ninguna ayuda, salvo el soporte de las PAH?

Esto demuestra una vez más lo que les cuesta a los políticos estar a la altura de sus ciudadanos.

ACCEDE AL PROTOCOLO.