Publicada en el BOE la Instrucción de 25 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se modifican las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg, a partir de la entrada en funcionamiento de la primera oficina conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, aprobados por Instrucción de 16 de septiembre de 2021.

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El Ministerio ha remitido a los Sindicatos los documentos que daría como definitivos y que son los referidos a:

Dotaciones básicas de las Unidades de Apoyo Directo.

Convocatoria bolsa de interinos de Secretarios.

Convocatoria oposiciones Secretarios.

Reglamento de Dirección del INTyCF.

A cualquier cosa le llaman negociar.

Publicada en el BOE la Orden JUS/790/2018, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1277/2017, de 22 de diciembre, por la que se dispone la fecha de efectividad de 2 plazas de Magistrado en la Audiencia Provincial y la entrada en funcionamiento de 77 Juzgados correspondientes a la programación del año 2017.

Es importante para quienes pudieran ser destinados a los Juzgados siguientes: Instancia 7 de Cartagena, Mixto 6 de Talavera la Reina y Penal 4 de Toledo.

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Publicado en el BOE el Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 9 de Palma de Mallorca, de nueva creación y entrada en funcionamiento el día 1 de enero de 2015, con carácter exclusivo, junto con el Juzgado de lo Penal n.º 8, el conocimiento de la ejecución de las resoluciones dictadas por el resto de los Juzgados de lo Penal de Palma de Mallorca.

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El Consejo de Ministros aprobó este martes, 21 de enero, el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que incluye una batería de medidas para favorecer el acceso a estas carreras, además de iniciativas para la adaptación de los mecanismos de selección, para favorecer la promoción a través de ascensos por antigüedad y para avanzar en el desarrollo profesional de jueces y magistrados en general y, en particular, de los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, entre otra iniciativas. 

Una vez más y como casi siempre en esta administración, el espíritu reformista pasa de largo de los funcionarios de los cuerpos generales, trabajadores de base de la Justicia que, lo único que reciben de este Ministerio, es el desprecio y la privación de derechos. Para gestores, tramitadores y auxilios, ni reconocimiento de funciones, ni cargas de trabajo razonables, ni desarrollo de la carrera profesional y así un largo etcétera. 

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que racionalizará el reparto de asuntos entre Juzgados para agilizar la Justicia.

Según recoge la reseña del Consejo de Ministros, las reformas se centran en:

• Se podrán especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. Se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados.
• Se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien
• El juez de Violencia sobre la Mujer mejorará la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena
• Los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia
• Los Institutos de Medicina Legal se convertirán en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral

Habrá que analizar el auténtico calado de las medidas que se pretenden aprobar y ver si se recogen las medidas acordadas con tres de los cuatro sindicatos presentes en la mesa de negociación del Estado.

Accede a la Nota de prensa.

Accede al Proyecto de reforma LOPJ

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, sin modificaciones sobre la propuesta redactada por los ponentes Wenceslao Olea y Victoria Cinto.

El texto que se remitirá al Gobierno contará con dos votos particulares concurrentes –es decir, que están de acuerdo con el informe pero solicitan una modificación o añadido-, uno del vocal Enrique Lucas, al que se adherirá la vocal Mercé Pigem; y otro de la vocal Concepción Sáez.

El informe considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son excesivamente amplios y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana.

También cree excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el Anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad.

PUNTOS QUE CUESTIONARÍA EL INFORME (gracias a lexnews.es)

Estos días estamos viendo al que dice ser el Ministro de Administraciones Püblicas, Sr. Montoro, aplicar una estrategia muy planificada de cargarse los servicios públicos y privatizarlos para que ganen dinero sus amigos a costa, esta vez, de los empleados públicos.

Anuncia que va a equipararnos, en lo malo claro, con el trabajador de la empresa privada y demonizar al sector público.

Hace constantes declaraciones en las que pone en cuestión nuestro trabajo diario.

Nos incrementa la jornada y elimina permisos en un claro camino hacia la eliminación de plantillas y el despido de personal, inicialmente interino, luego ya veremos.

Anuncia la medida "más social" del Decreto de recortes, en la que dice que los funcionarios que perciban menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional cobrarían la paga extra (es decir unos 962€ brutos al mes, los de 963 no) y al ver que no tuvo reflejo en la prensa y ha tenido que hacer unas declaraciones, como si anunciara algo novedoso, recordando a los periodistas la bondad de la medida para que alguien se diera cuenta. Nada más lejos de la realidad, esta medida, que muchos dicen que no afecta a casi nadie, ha llevado a la ciudadanía a la siguiente conclusión: no hay funcionarios mileuristas.

Manifiesta publicamente, en la comparecencia de ayer en el Congreso, que "no había dinero para pagar nuestras nóminas si no se recaudaba mediante los impuestos" creemos que demostrando el miedo que tienen a que se produzca, ahora por obligación, una huelga de consumo.

Todo ello nos hace concluir que el Ministro de Administraciones Públicas está incapacitado para el cargo tanto si lo hace de forma premeditada o por inutilidad del mismo.

Desde Justicia y Progreso, como la gran mayoría de los ciudadanos, nos preguntamos: ¿Cómo se va a recaudar más si se fomenta precisamente trabajar en negro y no cobrar el IVA? ¿Cómo se va a recaudar más si no se aplica ninguna medida recaudatoria con aquellos que pueden pagar más impuestos como las grandes fortunas y las grandes empresas? ¿Cómo se va a recaudar más si se premia a los grandes defraudadores con amnistías fiscales que haran que paguen sólo el 1%? ¿Cómo van a recaudar más si se exime de ciertos tributos a poderes fácticos como la Iglesia? Posibilidades las hay como han anunciado los Técnicos de Hacienda, pero hay que tener voluntad políticia de ir contra los más poderos.